MADRID, 29 (OTR/PRESS)
«España está en situación de peligro» como dice Joan Rosell, el presidente de la patronal CEOE y lo estará mucho más si antes de un mes su organización no llega a un acuerdo razonable con los sindicatos, porque en ese caso tendrá que actuar el nuevo Gobierno de Rajoy y tendrá que hacerlo sin miedo. Ya saben ustedes que los abogados dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, lo que habla mucho de la confianza en la Justicia, otro de los asuntos a los que Rajoy tendrá que meter mano y pronto.
El patio es el que es. La OCDE cree que España se estancará en 2012, la economía no crecerá más que un 0,3, el desempleo llegará al 23 por ciento y hay que esperar que no haya un presidente del Gobierno o un ministro que diga que ya se ven los brotes verdes o que las cifras auguran tiempos mejores. Cuando no trabaje nadie, un puesto de trabajo puede ser un crecimiento impresionante. Pero no digan ustedes todavía «peor imposible», porque 2012 va a ser peor que el 2011, como decía el presidente de Mercadona hace muchos meses.
Mientras, entre 1.000 y 5.000 cargos de designación política -contando desde las elecciones autonómicas- han dejado o van a dejar su sillón. Muchos de estos «cesantes» no saben lo que va a ser de su vida cuando el BOE de Mariano Rajoy empiece a vomitar nombramientos porque no han hecho otra cosa en su vida que colocarse donde el partido les ha puesto. Bueno, y cobrar un excelente sueldo en la mayoría de los casos y disponer de mando y Visa.
En las Cajas de Ahorros «reestructuradas» aún hay más de 3.650 consejeros con dietas. Y en las empresas públicas, muchas nacionales, cientos autonómicas, sus presidentes y adláteres ya están recogiendo sus recuerdos. ¿Servirá de algo separar a los que han cumplido adecuadamente su trabajo de los que han llegado allí por ser amigos del presidente o haber nacido en su ciudad natal? ¿Se mirará la gestión de cada uno y, en función de los resultados, se le confirmará o se le despedirá? Me temo que no. La cercanía al que manda es casi siempre más importante que sus conocimientos o su gestión probada. No se si existe un Estatuto de las empresas públicas que regule y de transparencia a estos nombramientos. Si existe, no se cumple y si no, deberían aprobarlo pronto para limitar el poder y las corruptelas. Porque el PP nombró los suyos en el 96 para sustituir a los que estaban y el PSOE los cesó para nombrar a otros y ahora éstos son los que se van y vendrán otros rápidamente. Pero no tenemos ninguna garantía, más bien lo contrario, de que sabrán lo que van a tener entre manos. AENA, Paradores, Puertos del Estado, RENFE, ADIF, Loterías, FEVE, el ICO y muchas más, un lujo que acabamos pagando los ciudadanos.
