Los datos son tozudos. El número de catalanes que marca la «X'» de la Iglesia Católica en su declaración de la Renta ha caído un 10% desde que los líderes políticos de la región iniciaron su desafío al Estado, en 2011.
En el mismo periodo de tiempo, en el resto de España la caída se limita a un 2%, cinco veces menos. La Iglesia catalana ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a ese proceso de independencia y al referéndum ilegal del 1 de Octubre.
En 2010, año previo a la cita del 11 de septiembre de 2011, primera Diada ‘independentista’, el número de catalanes que marcaron en su declaración de la Renta la «X» de la Iglesia Católica –en solitario o junto a la de ‘fines sociales’– ascendió a 725.857, según los datos desagregados por delegaciones de la Agencia Tributaria. Suponían el 10,5% del conjunto del país.
Siete años después, en la declaración de la renta de 2017 –que se hace en 2018–, el número de catalanes que marcaron la casilla fue casi un 10% menos: 654.875. Suponían ya solo el 9,7% del conjunto del país. En el resto de España, en el mismo periodo de tiempo, la caída es de solo un 2%: 6,16 millones frente a 6,03.
El desplome por tanto en los apoyos que recibe la Iglesia Católica de los catalanes es evidente y mayor al del resto del país, aunque en 2017 ha subido ligeramente –ha mejorado también el desempleo–, según la Agencia Tributaria, cuyos datos no suelen coincidir con los de la Conferencia Episcopal, que acaba de presentar su Memoria de Actividades anual.
La pérdida de apoyo de la Iglesia Católica por parte de los catalanes coincide con el descarado apoyo de párrocos, monjas y líderes eclesiásticos al proceso independentista y al referéndum ilegal del 1 de Octubre. La más mediática es la monja argentina Lucía Caram, que ha declarado en todas las televisiones su apoyo incluso a la imposición del catalán en Baleares y Valencia.
Pero hay más. Unos 450 sacerdotes, diáconos y religiosos catalanes defendieron en septiembre de 2017 como algo «legítimo y necesario» votar en el referéndum del 1 de Octubre, celebrado ilegalmente ese año. Lo hicieron a través de una declaración conjunta abierta a más adhesiones.
«Vista la dificultad existente de un diálogo sereno y constructivo entre todas las partes, nos hemos sentido moralmente obligados a hacer escuchar nuestra voz en esta hora decisiva para el futuro inmediato de Cataluña y España», decía el documento.
Además de sacerdotes y monjas, obispos catalanes pidieron en los días previos al referéndum ilegal sensatez y diálogo. Por su parte, los abades de Poblet y de Montserrat, Octavi Vilà y Josep Maria Soler, respectivamente, defendieron que «el derecho a la participación en la vida política y social tiene que estar garantizado, en un estado democrático».
No era suficiente con que tantas iglesias y campanarios se hayan convertido en escaparates de una ideología de exclusión, no bastaba con las declaraciones de obispos comparando a la Virgen María con el pueblo catalán oprimido. Tampoco era suficiente el que se profanen las iglesias con butiurnas, ni los sacerdotes, religiosas y religiosos promoviendo el enfrentamiento entre catalanes y la marginación de los catalanes libres de la ideología nacionalista.
Para mayor escarnio, Cáritas también se ha dedicado a firmar manifiestos a favor de la imposición del catalán en la escuela, la exclusión del español en la administración, la “construcción” nacional catalanista y demás alforjeo habitual del nacionalismo más excluyente y supremacista.
