La reacción ante los últimos casos -Lugo y Mallorca- ha sido rápida, contundente y concreta
(Jesús Bastante).- Inminente nombramiento pontificio para la Iglesia en España. El Papa Francisco designará, en los próximos días, a un sacerdote como delegado para coordinar la actuación de la Iglesia española ante posibles casos de abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia, según han confirmado a RD fuentes vaticanas.
Después de que -tras el adelanto de esta web– los obispos españoles se decidieran a hacer público el «Protocolo de Actuación según la Legislación del Estado«, vigente -aunque de manera reservadas- desde 2010, y tras la demostración palpable de que la actuación en los últimos casos conocidos en nuestro país –Granada, Lugo o Mallorca en las últimas semanas, y otros procesos que se están dilucidando en algunas diócesis, con el obispo tomando directamente cartas en el asunto-, la Santa Sede ha decidido la designación de un experto para nuestro país, que ayude a que la «tolerancia cero» prometida desde Roma para los casos de abusos sea una realidad rotunda en la Iglesia española.
Que las cosas están empezando a cambiar es una realidad evidente: la reacción de los obispos de Lugo y Mallorca ante los casos conocidos en sus diócesis ha sido rápida -en el caso de Salinas, antes incluso de que mediara denuncia civil-, contundente y concreta. Siguiendo paso a paso las directrices marcadas por Roma y convenidas por los obispos españoles.
El nombramiento de esta suerte de «coordinador» supone un paso más en la determinación para combatir y prevenir los abusos a menores en la Iglesia, y también para mejorar el acercamiento a las víctimas y la claridad del proceso, sin menoscabar la presunción de inocencia de los acusados. Asegurar la plena colaboración con la Justicia será otra de las claves del trabajo eclesiástico en torno a la pederastia.
En este sentido, cabe resaltar que la Conferencia Episcopal española ya ha contestado a la providencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, remitiendo los protocolos de actuación aprobados por los obispos y manifestando que, aunque en sentido estricto no vinculan al obispo -falta la «Recognitio» de la Santa Sede, algo que se pide en contadas ocasiones en este tipo de documentos-, sí están redactados «en armonía con la legislación universal de la Iglesia y el Código de Derecho Canónico», ambos de obligado cumplimiento.
Sin embargo, a día de hoy la diócesis de Granada no ha contestado al nuevo requerimiento, con apremio, del juez Moreno, para entregar toda la documentación disponible -incluyendo los interrogatorios, si se hicieron, a los diez sacerdotes investigados- del caso «Romanones».
Cabe recordar que, tras cinco peticiones infructuosas, y después de la petición del abogado de «Daniel», Jorge Aguilera, el juez reclamó de nuevo al Arzobispo, Javier Martínez, y a la propia Santa Sede, dicha documentación, algo que no se había hecho en la historia de la democracia. A su vez, estimaba la posibilidad de que la diócesis fuera declarada responsable civil subsidiaria ante una posible condena.
El procedimiento a la Santa Sede es algo más lento que el formulado al Arzobispado de Granada, pues ha de enviarse al Ministerio de Justicia, quien a su vez debe tramitarlo a Nunciatura para que ésta dé traslado al Vaticano. La rogatoria, que reclama «copia íntegra de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en relación a los hechos denunciados» fue entregada a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, para que, a través del Ministerio de Exteriores, «se haga llegar a la Nunciatura Apostólica en Madrid, con el fin de que, en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, la Santa Sede Apostólica (Congregación para la Doctrina de la Fe), remita a este Juzgado la anterior documentación.
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