Está todo en el aire (Cuando mandaba Franco en España, ‘Fray’ Gabilondo decía que los ciudadanos debían ser ‘súbditos’ del gobernante)
Cuando no quedan ni 20 días para que llegue la fecha dada por el Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar la momia del Generalísimo Francisco Franco del Valle de los Caídos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo aún debe pronunciarse sobre la paralización cautelar de la medida, conforme solicitaron los descendendientes del general (El socialista Sánchez convertirá por ley el Valle de los Caídos en un parque temático de la II República).
No ha querido hacerlo sin tener sobre la mesa toda la documentación relativa a los acuerdos del Consejo de Ministros correspondientes y eso ha supuesto que no empezará a deliberar hasta este martes o a más tardar el siguiente, el del 4 de junio (Las visitas al Valle de los Caídos se disparan: en febrero duplicaron a las de 2018).
Explica Ángeles Vázquez en ‘El Periódico de Catalunya’, este 25 de mayo de 2019, que puede retrasarlo más porque tiene que tomar una decisión sobre la medida cautelar planteada por la familia Franco antes del día 10, que es la fecha dada por el Gobierno socialista para exhumar al dictador y trasladarle al cementerio de Mingorrubio de El Pardo, donde descansa la que fue su esposa, Carmen Polo (El Prior del Valle de los Caídos: «La campaña mediática para destruirme ha sido brutal»).
Ese día es de momento, al menos hasta que el Supremo se pronuncie, el último anunciado por Pedro Sánchez para proceder a una exhumación que primero anunció en julio del año pasado y después, a través de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, antes de que acabara 2018.
Aunque los magistrados aún no han comenzado las deliberaciones no parece descabellado pensar que paralicen la medida hasta adoptar una decisión definitiva sobre la propia exhumación.
Y eso solo se producirá cuando resuelvan el recurso interpuesto en su totalidad y no solo se pronuncien sobre la medida cautelar que incluía, en la que se apela a la irreversibilidad de la exhumación.
Pero para esa decisión definitiva faltan meses y hasta es muy probable que no se produzca hasta el próximo año, sobre todo teniendo en cuenta que la familia Franco plantea incluso que el Supremo no dicte sentencia sin consultar antes con el Tribunal Constitucional, a través de una cuestión de inconstitucionalidad.
Ya 43 años
También pesa que Franco lleva 43 años enterrado en el Valle de los Caídos, por lo que esperar uno más, hasta que el Supremo se pronuncie sobre el meollo de la cuestión, y da luz libre a la exhumación o la anula, no se presenta como un gran problema frente a la posibilidad, en cambio, de no proceder ahora a la paralización del traslado de los restos a El Pardo y luego acabar decidiendo que deben volver a la basílica de Cuelgamuros.
Eso sería algo similar a lo ocurrido con el general golpista José Sanjurjo, en Pamplona, donde el Ayuntamiento procedió a su exhumación del monumento a los caídos de la ciudad, en cumplimiento de la ley de memoria histórica.
Tras su traslado al Panteón del Regimiento de Regulares de Melilla, un juzgado dio la razón a la familia del militar y revocó la decisión municipal. Al final, el pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó la exhumación.
El riesgo de que esa sucesión de decisiones contradictorias -aunque la última haya acabado avalando la primera- también pueda reproducirse con Franco será previsiblemente tenido en cuenta por los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera, que han preferido no iniciar las deliberaciones sin contar con toda la documentación, pese a lo próximo que está ya el 10 de junio.
De ahí que su última decisión haya consistido en solicitar al Gobierno una copia del acuerdo tomado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo sobre la exhumación de Franco, para acumularlo al de febrero y disponer así del expediente administrativo en su totalidad antes de comenzar la próxima semana o como muy tarde la siguiente las deliberaciones para decidir si aceptan la paralización de la exhumación como solicita la familia o deciden permitirla.
La Abogacía del Estado, que actúa en defensa de los intereses del Gobierno Sánchez, niega que la exhumación, en el caso de no paralizarla el Supremo, sea irreversible.
