A Pedro Sánchez le va a sentar a cuerno quemado (Aparece en el BOE el plan ‘secreto’ de Sánchez para enterrar a Franco en El Pardo ).
El Tribunal Supremo se prepara para suspender, provisionalmente, la exhumación de Franco (Iglesia en Cataluña: la secta amarilla formada por curas, monjes, monjas y obispos separatistas).
Acordará la admisión de las medidas cautelares solicitadas por la familia del dictador, mientras toma una decisión sobre el fondo del polémico asunto (Los monjes: «¡El dinero de la subvención al Valle de los Caídos no es del Gobierno Sánchez!”).
La Sala encargada del caso se reunirá el próximo martes, 4 de junio de 2019, para deliberar en un pleno que se prevé complicado porque no existe unanimidad, según adelanta María Jamardo en OKdiario citando fuentes del alto tribunal (El Gobierno Sánchez bloquea la subvención al Valle de los Caídos y en la red se organiza un ‘crowdfunding’ para ayudar a los monjes).
Pese a que los ponentes, los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Antonio Fonseca-Herrero, propondrán al resto de los jueces -Jorge Rodríguez-Zapata, José Luis Requero y Celsa Pico- el acuerdo de adopción de las medidas, la Sala mantiene planteamientos discrepantes para los que tratarán de buscar una salida consensuada.
Desde el comienzo de la causa, varios de los magistrados apoyan la idea de salvaguardar el buen fin del procedimiento -y primar la tutela judicial efectiva- por lo que tratarán de hacer valer la necesidad de evitar una situación «irreversible».
Mientras tanto, otros serían más partidarios de pronunciarse, directamente, sobre el fondo del asunto.
Esto último parece haber quedado descartado, por dos razones fundamentales: la primera, que según lo previsto artículo 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las medidas cautelares estarían justificadas «cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso»; la segunda, que tal y como avanzaba el propio Supremo al Gobierno, en el fallo del primer recurso presentado por la familia, será el órgano judicial el que tenga la última palabra en esta materia.
La medida estrella de Pedro Sánchez, tras su llegada a Moncloa, y una de las prioridades del Ejecutivo ha centrado buena parte de la actividad ministerial socialista. El Gobierno iniciaba el procedimiento, en agosto de 2018, con la aprobación del ‘decretazo’ que modificaba la Ley de Memoria Histórica para la resignificación del Valle de los Caídos. Reforma que, a su vez, daba origen a un expediente administrativo ad hoc para la adopción de todas las medidas e informes necesarios de cara a la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Sánchez y los suyos fijaron el 10 de junio como la fecha prevista para la exhumación del dictador y su reinhumación automática en el nicho de la cripta del cementerio de Mingorrubio-El Pardo, que el Gobierno prepara para Franco.
Las cuestiones pendientes
Al eje central que fundamentará el acuerdo que prepara el Supremo, se unen varias cuestiones pendientes de resolución que la Sala también tendrá en cuenta a la hora de pronunciarse.
Por una parte, determinar si la conformidad de la licencia urbanística favorable para la actuación en la tumba de Franco, emitida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, cumple con la normativa exigida en materia de seguridad.
La validez de dicha autorización fue cautelarmente suspendida, el pasado 26 de febrero, por el magistrado titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, José Yusti, atendiendo a la solicitud de uno de los recursos presentados por varios vecinos del municipio.
En segundo término, y no menos importante, que el Gobierno no haya vuelto a solicitar el permiso preceptivo al prior benedictino del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera, máxima autoridad eclesiástica sobre la Basílica de Cuelgamuros, y el único que puede autorizar el acceso a la misma para su intervención.
