Parecemos henchidos de razón cuando sostenemos que España es una democracia, pero si hemos de ser fieles a la realidad, habremos de aceptar que hoy no existe prácticamente país alguno regido por un sistema democrático en puridad. 

Si planteamos que tal término significa que el poder reside en el pueblo, la tutela de los partidos políticos, y en estos, de las oligarquías dominantes, y en estas, del líder de cada facción, dejan huérfano de contenido el concepto, pues estaremos hablando ya de un poder absolutamente derivado, ajeno casi por completo a ese ejercicio de poder que se le supone a ese pueblo soberano, pues tener poder es tener capacidad de decisión absoluta, sin intermediarios que puedan condicionar, ni campos vetados a tal ejercicio. 

En la antigua Grecia, y debido a lo abarcable de la población, a las reducidas dimensiones de las ciudades, y a que el voto no era universal, las asambleas en el ágora para que el pueblo tomara decisiones, escuchadas las razones de los distintos líderes, tenían un fundamento democrático del que hoy carece el sistema, que ha debido involucionar a lo largo de los pocos años en los que ese Guadiana de la política, que son los sistemas democráticos, ha regido el futuro de aquellos pueblos en los que se aplica, y ello debido a que hoy ya no es posible tomar decisiones por parte de asambleas al efecto, debido a que la realidad ciudadana es radicalmente contraria a la expuesta para la Grecia de entonces, de manera que el llevar a la práctica tal “poder del pueblo” solo se ha concebido a partir de democracias derivadas, delegadas o indirectas, a través de partidos políticos, incontrolables en cuanto a su pureza democrática, al haberse convertid, por tanto, en auténticas mafias, tanto en sus formas como en sus objetivos más profundos.

Afortunadamente, como ya se decía en la Verbena de la Paloma, “hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”, y la democracia directa ya es posible a través de la informática, con conocimiento directo y al instante de las decisiones del “pueblo”, si ello quisiese llevarse a la práctica a través de todo tipo de consultas, lo que supondría una crisis absoluta para el sistema de partidos, quienes desde siempre han secuestrado la posibilidad de la democracia en puridad, convenciendo al “pueblo” de que eso era lo ideal, lo único posible y el mejor de los sistemas, en beneficio exclusivo de sus partidarios intereses y su capacidad de manipulación, de ahí que resulta obvio que la democracia, con mayúsculas, no la cataremos, al menos en bastantes años si alguna vez llega a implantarse. De momento, hay lo que hay.

Y, ¿que es lo que hay?.

Para Montesquieu, lo más cercano al concepto era un sistema en el que existen tres poderes independientes unos de otros, con poder de control cruzado entre ellos. Con el devenir de los tiempos, un nuevo poder ha hecho su aparición y ha de sumarse a los clásicos ya conocidos, de manera que al poder ejecutivo, legislativo y judicial hemos de sumar el informativo. Así las cosas, el primer poder, el ejecutivo, el gubernamental, es el único que puede materializar el ejercicio del poder. El segundo poder, el legislativo, el único que puede ordenar la legalidad. El tercer poder, el judicial, el único que puede ejercer el control de legalidad. El cuarto poder, el informativo, los medios, el único que puede ejercer el control político.

Teóricamente, para que el sistema funcione, esos cuatro poderes han de ser independientes entre si, de manera que cada uno de ellos pueda estar sometido al control del resto y viceversa. Esa, y no otra, es la esencia de la democracia.

Hoy, las distintas tendencias en materia política en España, están perfectamente compartimentadas, con un partido de izquierdas como es Podemos, un centro izquierda como el PSOE, el centro representado por Ciudadanos, un centro derecha representado por el PP y una derecha en manos de Vox, tendencias que cubren perfectamente las distintas sensibilidades de los votantes, ya que por mucho que nos empeñemos y entre los distintos partidos se clasifiquen unos a otros, no existen partidos extremos, ya que según el estudio de sus respectivos programas, ni Podemos por parte de la izquierda, ni Vox por parte de la derecha, pueden considerarse partidos extremos (eso es otra cosa).

Por otra parte, entre la clase judicial, existen organizaciones suficientes que aglutinan las distintas tendencias en cuanto a la interpretación de la ley se refiere, así figuran actualmente cuatro principales asociaciones como son: Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Victoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Ya en el sector de la información, los medios en España son multitud y cualquiera puede sentirse representado por cualquier sensibilidad en este sentido.

Así las cosas, y si existiera una organización puramente democrática en el seno, tanto de partidos como de asociaciones judiciales, la oferta al ciudadano para su elección en listas abiertas sería plenamente factible, de manera que pudiera haber elecciones independientes tanto para el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, algo que actualmente para el informativo ya existe, pues cualquiera es libre de informarse y de ejercer el control político de los distintos poderes con el medio que considere más afín. Otra cosa es la independencia entre tales poderes. Veamos.

Comencemos por el último de los poderes llegados al concierto democrático, el llamado cuarto poder, el informativo, los medios. Se trata del poder más democrático, ya que todo ciudadano puede decantarse abiertamente y sin tener que optar por listas cerradas, a cualquier medio con el que informarse, ya sea en prensa, radio o televisión, pues aunque la mayor parte de los medios se decantan por una opción política u otra en su interpretación de los mensajes políticos, siempre habrá la contraria para optar a la diversidad, al menos en el ámbito nacional, lo que no ocurre con las mismas garantías en el ámbito local, donde las opciones se reducen, dándose el caso de que en algunas demarcaciones solo existe una opción, generalmente copada por un partido político o un cacique en su nombre, que mantiene a la prensa local secuestrada, como puede ser, entre otros, el actual caso de Vigo, donde su alcalde ejerce como dueño y señor del cuarto poder local, quien desde una independencia inexistente, pasta mansamente en su abrevadero, llevando al huerto a una amplia mayoría de crédulos ciudadanos de corta inquietud informativa.

El poder, no obstante, de la información, se pone cada vez más en evidencia como control político, hasta tal punto que gracias a él y a su labor de investigación, hoy vamos camino de sanear en gran medida a una clase política, y a unos partidos corruptos en franca recesión, debido al conocimiento que el ciudadano va teniendo de prácticas muy comunes, que hasta ahora habían campado a sus anchas sin las más mínimas consecuencias, salvo las que se siguen dando a través de los medios, de más difícil afloramiento, pues entre bomberos, no nos pisamos la manguera. 

Falta, no obstante, encontrar en los medios, en general, una actitud más decidida de denuncia, hacia aquellas vulneraciones del resto de poderes en materia de cumplimiento del mecanismo democrático, cuando esos poderes traspasan facultades que no son campo de su actuación, hurtándolas al resto, o bien actúan de espaldas a los principios democráticos. 

En cuanto al tercer poder, el judicial, el encargado de que todo se desarrolle en cumplimiento de la ley, tiene todavía un largo camino hasta poder considerase democrático en cuanto a la constitución de sus órganos representativos, pues se trata del más intervenido en ese sentido. 

Poder, significa tener un presupuesto absolutamente autónomo, que ha de estar implícito en el propio sistema, con independencia de cualquier otro poder, cuando en España el poder judicial depende exclusivamente en cuanto a su presupuesto de lo que decida el poder legislativo con la aprobación de los presupuestos generales, lo que de rebote significa lo que decida el ejecutivo en el caso de que este tenga mayoría absoluta o la pacte, y todos sabemos que una forma de someter, es asignar muy bajos presupuestos, manteniendo en el poder judicial una precariedad ajena a la misión propia de un poder que ha de velar por el cumplimiento de la ley, propiciando una lentitud exasperante en la justicia, fruto de una precariedad de medios materiales y humanos, perfectamente orquestada desde el poder único.

Y si un presupuesto autónomo es la señal más clara de la independencia, es fundamental para el poder judicial que un órgano imprescindible para su ejercicio, como es la Fiscalía, dependa exclusivamente de tal poder y no de un ejecutivo que incluso lo nombra, condicionando con ello su labor de persecución, en bien de todos, de la vulneración de la legalidad, sin tener que esperar a que sea un particular quien proceda ante delitos, o supuestos delitos, que pueda cometer el ejecutivo, porque eso también es la esencia del Estado de Derecho, de un Estado en el que el cumplimiento de la ley está por encima de todo y de todos. ¿Como se puede estar hablando de connotaciones negativas por la judicialización de la política, cuando el poder judicial actúa en el momento que el ejecutivo comete un delito?, pero si eso precisamente es la esencia de la democracia, el control entre poderes. 

Poder ejecutivo es el presidente del gobierno, el propio gobierno y sus instituciones, pero también lo es el presidente de una Comunidad Autónoma y su gobierno, o un alcalde y el suyo. ¿Como puede pedir un presidente de gobierno que no actué el poder judicial cuando un presidente de una Comunidad Autónoma y todo su equipo (Cataluña) vulneran con absoluta alevosía la Constitución a vista de todos, haciendo gala de ello, y despreciando a jueces y fiscales alegando que se trata de cuestiones puramente políticas?. Saltarse la Constitución y hacerlo de forma absolutamente voluntaria, es un delito perseguiste de oficio por la fiscalía, sean políticos o no quienes lo cometan.

La falta de independencia en la fiscalía es otra muestra más de las carencias democráticas en el poder judicial, pues también es poder ejecutivo un alcalde, y cuando el cuarto poder publica que en el famoso asunto del “marisquiño”, el alcalde de Vigo había ya recibido previamente por parte de la autoridad portuaria, 7 avisos en determinadas fechas, de la precariedad del lugar en el que ocurrieron los hechos y desaconseja la autorización que finalmente otorga el tal alcalde y que posteriormente llevaría al colapso ocurrido, eso entra inmediatamente en el campo de la fiscalía, en primer lugar para comprobar la realidad de lo denunciado por ese cuarto poder, y si es cierto lo denunciado, es preciso una rápida y eficaz judicialización sin tener que esperar a hipotéticos particulares que acaben demandando justicia por su cuenta, porque podemos encontrarnos frente a un claro delito de prevaricación (actuar injustamente a sabiendas), delito que lleva implícito la separación del cargo.

Los abusos de poder que presidentes, alcaldes y otras autoridades populistas cometen en la búsqueda descarada del voto fácil, del voto superficial, si pueden ser constitutivos de delito es preciso perseguirlos, por pura esencia democrática, y ello corre de cargo de la fiscalía, por propia definición.   

Sin ánimo de hacer demagogia, ya que las cosas no son nunca enteramente negras o blancas, si tras la última decisión del gobierno de invertir mas de 7.000 millones en reformar el armamento de nuestros ejércitos, se hiciese en modernizar nuestra justicia, generaríamos tantos puestos de trabajo como los pretendidos o incluso más, pero es que con ello conseguiríamos ser uno de los países más democráticos y más dotados del mundo en la posibilidad de impartir justicia de verdad, con lo que ello influye en la transformación de la sociedad, de una sociedad más justa y por tanto libre de corrupción, más responsable y mejor preparada, como si invertimos más en enseñanza o en investigación, pero eso no interesa al poder, en eso no hay comisiones, o al menos no en vergonzosas proporciones. 

Por otra parte, los órganos de gobierno del poder judicial, no tienen un origen en elecciones democráticas, que bien pudieran tener lugar en función del voto popular canalizado a través de las organizaciones judiciales, quienes harían campaña exponiendo sus distintas sensibilidades ante la interpretación de la ley y presentando listas abiertas donde los principales juristas pudieran optar a puestos de designación, provenientes de una voluntad popular bien informada que aupara a las más altas dignidades a los más preparados, y no a los más serviles. En su lugar, es el poder legislativo, a través de los intereses de partido, y a veces incluso el ejecutivo, quien nombra a los órganos de dirección de tal poder, garante de la idoneidad del Estado de Derecho como pilar fundamental. Todo ello absolutamente ajeno a cualquier garantía democrática de control de la legalidad.

Si ahora nos paramos en el poder legislativo, el Congreso de los Diputados y el Senado, los únicos en los que existe, al menos en apariencia, un cierto atisbo formal de origen democrático, ello se vacía de contenido cuando las listas a las que puede optar el votante son listas cerradas, blindadas y decididas por la cúpula de cada partido, sin que, en general, nada tenga que ver el ciudadano a la hora de poder optar por quien considere de su importancia, para formar parte de un Congreso que ha de elaborar las leyes que habrán de regir nuestra convivencia, un Congreso que debería estar formado por expertos en las distintas materias y al que, en realidad, no se llega por meritocracia alguna, sino simplemente por afinidad y sumisión al líder de la facción dominante de cada partido.

Ya finalmente, y en cuanto al poder ejecutivo, al gobierno, tampoco la democracia tiene mucho que ver en su formación ni en su constitución, ya que el presidente del gobierno, el presidente del poder ejecutivo, lo nombra el poder legislativo, y no precisamente en concordancia con la mayoría del voto popular, sino como fruto de alianzas, generalmente entre perdedores, de manera que, como es el caso actualmente, pase a ostentar la máxima autoridad del poder ejecutivo alguien que ningún ciudadano ha elegido para tal fin, alguien incluso con un bagaje ético deleznable, que por ocupar el puesto no duda en aliarse con lo más anti español de la sociedad, con los que aspiran a cargarse el país, al precio que sea a cambio de su ambición personal. Pero no acaba ahí el asunto, ya que la constitución de la totalidad del gobierno está formada por personajes que ni siquiera han sido elegidos para nada, sino que dependen exclusivamente de la arbitraria decisión de quien ha sido nombrado presidente del gobierno, que como queda dicho, tampoco lo ha sido para tal cargo.

Así las cosas, el “pueblo”, ni decide quien ha de ser su jefe del ejecutivo, ni su gobierno, ni sus jueces, ni directamente quienes han de elaborar sus leyes, quedándole como “poder”, únicamente su decisión de comprar un periódico u otro, escuchar la radio que le apetezca, o sentarse ante el televisor para drogarse con las bobadas que decida en cada momento el empresario del medio a la hora de hacer caja, y eso en el ámbito nacional, porque a nivel local, en general, habrá de someterse a la información que el cacique de turno decida, aunque eso si, cada cuatro años tendrá la compensación de meter en una urna una papeleta con nombres ya impresos que ni ha elegido, ni le interesan, ni confía, ni le merecen el menor respeto, en el orden que otros han decidido y ello para que en su nombre, durante ese tiempo, hagan lo que le salga de allí al “capo di tutti capi» del corrupto partido de que se trate, y por supuesto sin poder pedir explicaciones, ni responsabilidades de ningún tipo, con la única salida en que al cabo de otros cuatro años, si no te gusta el resultado, volver a repetir lo mismo con otra mafia de distinto signo. 

A eso aquí, le llamamos “democracia” y, !ay! de aquel que no se sienta demócrata, pues siempre habrá bobos de baba que lo descalifiquen para rápidamente recalificarlo de fascista o de cualquier otra ocurrencia.

¿Democracia?. Anda ya… a otro perro con ese hueso.