La reforma constitucional creo que tiene más valor político que eficacia económica. Me explico: no creo que el nuevo artículo 135 de la Constitución Española (CE) vaya a contribuir a solucionar la gravísima crisis que atravesamos. Sin embargo, del procedimiento seguido creo que político-jurídicamente se pueden extraer varias lecciones: una mala, pero otras, contra lo que algunos han opinado, buenas.
En otro lugar he dicho que no parece que el nuevo artículo 135 CE vaya a servir para solucionar nuestros problemas económicos. Entre otras cosas porque la Constitución no fija ningún límite al déficit estructural, algo que se deja a una ley orgánica que, según se ha pactado, no entrará en vigor hasta el 2020. Como dijo Don Quijote, “cuan largo me lo fiáis, amigo Sancho”.
Creo que la reforma constitucional debe analizarse, no tanto por su sustancia económica, cuanto por sus implicaciones políticas. Y sobre este punto ya he dicho en otro lugar que por más que no sea preceptivo convocar un referéndum, sería muy conveniente hacerlo y por ello creo un error que los dos partidos que han impulsado esta reforma no hayan apoyado esa posibilidad.
Ahora bien, la reforma presenta algunos aspectos positivos. Disiento por ello de las opiniones de algunos colegas que han criticado el procedimiento seguido y, en especial, la “ruptura” del llamado “consenso” constitucional. Para empezar, conviene recordar que en ninguna sociedad sana existe “unanimidad” ni es bueno que todos piensen lo mismo. Por ello no parece procedente decir que se ha “roto” el “consenso” al aprobar esta reforma. Y es que resulta insoportablemente cínico que algunos de los partidos que apoyaron la aprobación del nuevo Estatuto catalán, en 2006 (CiU, PNV, BNG, CC) sin contar con el PP, se quejen ahora de la ruptura de ese “consenso”. El nuevo Estatuto catalán de 2006 se aprobó con muchísimo menos apoyo parlamentario que el aprobado en 1979. No se ve por qué “romper el consenso” al aprobar el nuevo Estatuto catalán de 2006 no era un problema y sí lo sea “romperlo” para aprobar la reforma constitucional de 2011. Con un agravante: mientras el nuevo Estatuto catalán de 2006 lo aprobó el 55% de los parlamentarios, la reforma constitucional la han aprobado el 90%. Por eso, me resultó incomprensible el esfuerzo del PP por sumar al “consenso constitucional” a un partido, como CiU que no ha hecho sino declararse fuera de la Constitución, en varios temas y, en especial, en el respeto del español como lengua oficial.
NOTA:
Este artículo se ha publicado originalmente en el diario ABC, edición de Galicia, el 11 de septiembre de 2011.
