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Lo que está ocurriendo en la industria de defensa española es una guerra abierta por miles de millones de euros y con un fuerte trasfondo político.
Santa Bárbara Sistemas ha abierto una guerra total contra Indra por el control de los grandes programas de defensa en España. La disputa afecta a contratos que superan los 7.000 millones de euros, una cifra que explica por qué el conflicto ha escalado hasta los tribunales. El detonante es la designación de Indra como coordinador industrial del programa VCR 8×8 Dragón, el mayor proyecto terrestre del Ejército español. Santa Bárbara considera que esta decisión favorece injustamente a Indra y le otorga una posición dominante en el sector.
La empresa denuncia irregularidades en el proceso y acusa directamente al Gobierno de impulsar a Indra como un supuesto “campeón nacional” de la defensa, alterando las reglas de la competencia industrial.
Tras perder el primer asalto en la Audiencia Nacional, Santa Bárbara ha decidido recurrir al Tribunal Supremo para intentar frenar la adjudicación. El conflicto, por tanto, no está cerrado: acaba de entrar en su fase más dura. Lo que está en juego no es un contrato menor. El litigio afecta a programas estratégicos clave: vehículos blindados, sistemas de mando y control, modernización de carros de combate y futuros desarrollos tecnológicos que marcarán el sector durante años.
Esta batalla tiene un componente claramente industrial, pero también político. Puede redefinir el mapa de la defensa española durante la próxima década y concentrar un poder enorme en una sola empresa con participación pública.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una política industrial legítima o ante una intervención del Estado que distorsiona la competencia y pone en riesgo miles de millones en contratos públicos? Porque cuando se mezclan defensa, poder político y dinero público, las consecuencias nunca son menores.
Y esto, una vez más, pasa porque SI, EL GOBIERNO LO PERMITE.
