La regularización extraordinaria de inmigrantes ha dejado al Gobierno ante una realidad incómoda: apenas un tercio de los beneficiarios ha accedido a la Seguridad Social. Según los datos publicados por OKDIARIO, a fecha del 30 de julio, solo 262.475 de los 822.000 extranjeros que tienen derecho a trabajar estaban dados de alta, lo que representa un 31,9% del total.
El resto, es decir, 559.525 personas, sigue fuera del sistema, y por ende, sin realizar aportaciones. Este dato surge en un momento en el que el Ejecutivo se ha posicionado a favor de la regularización como una estrategia para aumentar la base de cotizantes y reforzar las cuentas de la Seguridad Social. Sin embargo, los números muestran que esta transición hacia el empleo formal aún es bastante limitada.
Una brecha considerable entre el permiso y el empleo real
Lo relevante aquí no es solo el volumen de personas, sino el desfase que existe entre tener autorización para trabajar y contar con una afiliación efectiva. Las estadísticas que ha hecho públicas el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que 262.475 extranjeros regularizados estaban dados de alta al finalizar julio, en un contexto de 822.000 personas con derechos reconocidos.
Esto implica que cerca del 70% aún no ha dado el paso para sumarse al sistema de cotización. En la práctica, más de medio millón de personas se encuentra en un limbo laboral: tienen permiso para trabajar, pero no están registradas como cotizantes.
- 262.475 extranjeros regularizados estaban dados de alta.
- 822.000 disfrutaban del derecho a trabajar.
- 559.525 no estaban cotizando.
- El porcentaje de afiliación se situaba en 31,9%.
Qué hay detrás de este dato
El Ministerio afirma en sus informes recientes que la afiliación de extranjeros se mantiene en cifras récord y que la presencia de trabajadores foráneos en el sistema es notable. En abril, la Seguridad Social registró 3.248.247 afiliados extranjeros en promedio, y en el total del sistema, los trabajadores que provienen de fuera de España representaban ya el 14,1% de los cotizantes.
Sin embargo, la lectura cambia cuando se analiza la situación específica de la regularización extraordinaria. Este proceso ha permitido incorporar a nuevos afiliados, pero no al ritmo deseado para incluir a todos los beneficiarios en las estadísticas de cotización. La información publicada en julio por varios medios económicos ya señalaba que el impacto del proceso era medible, aunque aún incompleto.
El impacto en el mercado laboral
La afiliación de extranjeros se ha convertido en un pilar importante del empleo durante los últimos meses. El Mundo reportaba que, en el primer semestre de 2026, seis de cada diez nuevos empleos fueron ocupados por inmigrantes, y que la afiliación foránea avanzó a un ritmo mucho más veloz que la del resto del sistema.
Este empuje ayuda a entender por qué el Gobierno subraya la contribución que la inmigración realiza al mercado laboral y al sistema de pensiones. A pesar de ello, la situación de la regularización revela una diferencia relevante entre simplemente tener los papeles en regla y acceder de inmediato al circuito del empleo formal. El proceso administrativo no siempre se traduce automáticamente en una alta de cotización, y eso genera un amplio margen de economía informal o de inclusión aún pendiente.
Lo que nos dicen las cifras oficiales
- La Seguridad Social finalizó julio con 22,5 millones de afiliados en total, según los datos proporcionados por el Ministerio y recogidos en diversas informaciones económicas.
- Dentro de los regularizados dados de alta, el 81,5% pertenecía al Régimen General.
- El 8,3% se integró al Sistema Especial Agrario.
- El 5,4% trabajaba en el sistema especial de hogar, y 12.675 eran autónomos.
Este desglose sugiere que la regularización está enfocándose principalmente en ocupaciones de baja y media cualificación, algo habitual en los flujos de empleo foráneo en España. Además, indica que un porcentaje significativo del colectivo aún no ha logrado un puesto dentro de la economía formal.
El enfoque político y social
Este tema no es trivial, ya que aborda simultáneamente dos debates: la efectividad real de las políticas migratorias para generar empleo y la capacidad de sostenibilidad del sistema de pensiones. Si el objetivo era ampliar rápidamente la base de cotizantes, parece claro que la realidad aún no se alinea con el discurso político.
Al mismo tiempo, esta cifra alimenta una controversia más amplia sobre el uso de la regularización como herramienta económica. Quienes la defienden destacan que la inmigración es fundamental para el crecimiento del empleo, mientras que sus detractores argumentan que una proporción significativa de los beneficiarios no se integra de inmediato en la Seguridad Social y se queda sin contribuir al sistema.
Con altas pendientes, cotización incompleta y un mercado laboral que asimila a los inmigrantes a diferentes velocidades, las estadísticas de julio proyectan una imagen clara: tener permiso para trabajar no asegura aún la entrada efectiva en el sistema.
