Recuerda este 19 de diciembre de 2020 el periodista David Soriano en Libre Mercado que hace unos días, su colega Carlos Segovia publicaba la siguiente noticia en El Mundo:
«Escrivá plantea subir a 35 años el plazo de cotización para calcular la pensión y Podemos se opone».
A partir de ahí, comenzaba una semana muy tensa, muy larga y muy complicada para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La propuesta, según asegura Segovia en su artículo, estaba la semana pasada en el orden del día de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
O lo que es lo mismo, que aquello no es una ocurrencia o una idea que está por ahí flotando, como muchas otras.
Es una idea muy concreta y que encaja a la perfección con las exigencias de Bruselas.
La propuesta de Escrivá ha provocado el enésimo choque de trenes en seno del Gobierno PSOE-Podemos.
Según los principales expertos, pasar de los 23 años actuales a los 35 que plantea Escrivá supondría un recorte del 12%.
Teniendo en cuenta que las nuevas altas de jubilación registradas en el sistema -se toma esta referencia por ser el colectivo más representativo en cuanto a la afectación de la eventual reforma- sitúan la pensión media en 1.400 euros, una rebaja del 12% dejaría la prestación en 1.232 euros mensuales, con lo que la nómina anual se vería menguada desde los 19.600 hasta los 17.248 euros.
El informe de la Seguridad Social, que partía de un escenario de 15 años de cómputo, cifraba en un 17% la caída de la pensión media en caso de aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta los 35 años y veía como «muy probable» que ese valor marcase el rango inferior del recorte, «siendo de esperar una reducción todavía mayor».
El debate sobre la ampliación del periodo de cómputo ya estaba sobre la mesa en el año 2006 y, de hecho, ha sido una de las medidas más recurridas en las sucesivas reformas del sistema de las pensiones.
Es imposible determinar si han sido los mensajes que llegan de Bruselas los que ha empujado a Escrivá a hacer su anuncio o simplemente es que se ha puesto a hacer cuentas y no le salen.
Pero en cualquier caso, es untema clave, que afecta o afectará de momento a 10 millones de españoles y todos votan:
1. ¿Pacto de qué?
El 10 de noviembre, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba el «Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo».
¿Y qué decía aquel documento sobre el período de cálculo? Pues poco y podríamos decir que ese poco iba en la dirección contraria a la planteada por Escrivá.
En la recomendación cinco, la Comisión plantea:
La progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora —que culminará en 2022— implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones. No obstante, la Comisión considera importante evaluar, a la mayor brevedad posible, su impacto en función del tipo de carrera profesional del trabajador, a menudo marcada por periodos de desempleo y de precariedad. Dicha evaluación debe contemplar, también, otras medidas como la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión.
Y en el resumen matiza un poco más qué quiere decir esa quinta recomendación:
Evaluación de la ampliación de la progresiva del período de cálculo de la base reguladora de las pensiones.
¿35 años? No. Esa propuesta ni estaba ni se esperaba.
Estirando mucho la interpretación, se puede decir que esa «evaluación» puede entenderse en sentido amplio. Y que se ha evaluado y hay que subir de 25 a 35.
Pero sería un poco engañoso. En realidad, lo que se proponía marchaba más bien en la dirección contraria: evaluar cómo ha impactado la reforma de 2011 (que ampliaba el período de cálculo de 15 a 25 años) para analizar si era conveniente introducir elementos correctores, como la posibilidad de elegir los mejores 25 años de la vida activa para cada trabajador. De hecho, la propuesta de pasar de 25 a 35 estuvo sobre la mesa y se descartó. Había partidos que no la querían y se supone que el Pacto de Toledo busca el consenso. No están los 35 años porque se quiso que no estuvieran.
¿Y entonces para qué sirve el Pacto de Toledo? Es que no ha pasado ni un mes y medio. Pues eso nos preguntamos muchos desde hace años. Pero no Escrivá, que en cada una de sus comparecencias, primero como presidente de la AIReF y luego como ministro, ha repetido a los diputados allí reunidos que era su labor hacer recomendaciones y que luego el Gobierno tendría que desarrollarlas. Pues aquí ese desarrollo se ha hecho con una interpretación muy extensiva (o no haciendo ni caso al Pacto, según lo quiera ver cada uno).
2. Un Gobierno, 23 voces
Ni es el primer enfrentamiento público ni será el último. Y es lógico que los haya, porque es lo que tienen los grupos humanos y es lo que tienen, todavía más, los gobiernos de coalición.
Lo que llama la atención en este caso no es tanto la diferencia en las opiniones como el grado de desacuerdo y la importancia del asunto. De hecho, cuesta pensar en alguien que, más allá de Escrivá y Calviño, esté dispuesto desde el Gobierno a quemarse apoyando la medida. Ni le gusta a Podemos ni debería gustarle al PSOE: no hay nada en el programa electoral de los socialistas que esté cerca de esta propuesta. Y los portavoces socialistas en la Comisión del Pacto de Toledo llevan años sin querer hablar del tema. Con lo aprobado en 2011, venían a decir, era suficiente.
Es verdad que la ampliación del período de cálculo va en la línea marcada por Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social entre 2018 y 2019. Libre Mercado lo explicaba en octubre de 2018: «Granado esboza el futuro de las pensiones: ahora subirán con el IPC… y el ‘hachazo’ llegará con el cálculo de la base». Pero precisamente este tipo de anuncios fueron los que socavaron su posición y le granjearon no pocas antipatías entre los suyos.
Ahora Escrivá se enfrenta al PSOE, a Podemos, a los sindicatos, al resto de partidos que apoyan al Gobierno. Y deja un flanco a la izquierda por el que atacar: porque, y esto es importante, Podemos, ERC o Bildu son aliados del PSOE en el Congreso, pero también compiten electoralmente con los socialistas. Una medida tan impopular como ésta seguro que será utilizada en campaña: a Podemos le encanta cohesionar a sus bases con esa idea de «imaginad qué haría el PSOE si no nos necesitara». Pues, con esto, se lo han puesto en bandeja.
3. La sostenibilidad del sistema
Esta reforma implicaría una quiebra. Otra más. El sistema es «sostenible», como dicen sus defensores, si se endurecen las condiciones de acceso al mismo. O lo que es lo mismo: tienen razón los catastrofistas que dicen que o se cambian las reglas o aquello se viene abajo. Esto no lo dice de forma explícita Escrivá, pero es lo que se deduce de su propuesta.
Puede ser una quiebra necesaria, como muchas de las quiebras y concursos de acreedores que afectan a muchas empresas cada día.
Pero no por eso hay que ocultar la realidad de la misma.
Y no es un tema menor: como ya hemos explicado en otras ocasiones, la reforma de 2011 del PSOE, la que cambió las llamadas ·reglas paramétricas» era en realidad más dura, porque implicaba más recortes para las pensiones futuras, que la reforma de 2013 del PP.
4. Cuánto y a quién
Lo primero, que quede claro: a los actuales pensionistas esto no les afecta en absoluto. Como el 90% de las pasadas reformas de las pensiones. Nadie se atreve. ¿Deberían participar también del ajuste? Ése es otro debate. Pero no lo harán, tampoco ahora.
Esto afectaría a los pensionistas del futuro. Habría que saber qué plazo de aplicación maneja el ministro, pero suena razonable suponer que esto comenzaría a aplicarse de forma paulatina y que esos 35 años se tomarían en cuenta a partir de 2030-35.
¿Y a cuánto ascendería el recorte? Depende de la carrera laboral de cada uno. Podría ocurrir, incluso, que a alguien le beneficiase el nuevo método de cálculo: por ejemplo, alguien que cobrase más con 30-32 años que con 55-57.
Eso sí, de nuevo, sin trampas: esto no le ocurre a casi nadie. Para la gran mayoría de trabajadores, la reforma es un recorte.
5. La contraprogramación
En este punto, muchos futuros pensionistas se preguntarán: ¿será ésta la última reforma-recorte? No lo sabemos, pero no lo parece.
También es verdad que a Escrivá intentarán contraprogramarle: ya lo hizo el Pacto de Toledo, que no sólo descartó esta propuesta en sus recomendaciones finales sino que incluso empujaba en sentido contrario: lo que proponía era dejar el período de cálculo en esos 25 años y estudiar la opción de que fueran los 25 mejores años; lo que no sólo no era un recorte del gasto, sino que implicaba un incremento del mismo.
Ahora la pregunta es, ¿quién manda más en el Gobierno? ¿Cuánto puede aguantar Calviño las presiones de Bruselas? ¿Y cuánto daño pueden hacer los socios de Sánchez con este tema, muy dado a la demagogia? La respuesta, en los próximos meses.
6. ¿Caerá la pensión media?
No lo sabemos.
A pesar de lo dicho en el punto 4, lo normal es que la pensión media real (teniendo en cuenta también la inflación) no caiga. ¿La razón? Los nuevos jubilados tendrán carreras más largas y bases de cotización más altas que sus padres y abuelos.
Esto es muy importante. Quizás lo más importante que debamos tener en cuenta, porque muchas veces tratan de confundirnos con ese mantra de «la pensión media no bajará».
Pero es que el recorte se aplica sobre lo que nos tocaría con las actuales reglas, no en comparación a las prestaciones de los jubilados de 2020 (una comparación que no tendría mucho sentido).
¿Son necesarios estos cambios? Probablemente sí. E inevitables.
Pero no nos hagamos trampas manipulando el lenguaje o las variables en juego: en pensiones, las reformas son sinónimo de recortes.
