El juez también cita como testigo a Miguel Ángel Fernández Ordóñez
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y les ha citado a declarar como imputados.
Anticorrupción no ha presentado querella, pero ha emitido un informe a favor de que se admita a trámite la de UPyD.
Además, Andreu interrogará como imputados al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y al exministro del Interior, Angel Acebes, que también formó parte del Consejo de Administración de BFA, nacionalizada por el Estado por sus graves problemas financieros, y que dejó la entidad poco antes de que estallase la crisis del grupo.
Como detalla José Antonio Hernández en ‘El País’, el caso Bankia, o cómo el hasta hace poco cuarto mayor banco español pasó de publicar unos beneficios de 304 millones a necesitar meses después un rescate estatal de 23.465 millones (unos 500 euros por ciudadano), ya está activado en la vía judicial.
Andreu avanza, sin fijar fechas, que llamará a declarar a estas 33 personas como inculpadas y les advierte que deberán acudir asistidos de abogado.
La admisión de la querella ha causado gran preocupación en dicho partido y en el Gobierno.
En 49 folios, el auto de Andreu reproduce los distintos pasajes supuestamente delictivos que contiene la querella de UPyD y observa en ellos indicios de una “defraudación” que “habría producido, o podido producir, una grave repercusión en la economía nacional” y un “perjuicio para una generalidad de personas” de diferentes partes de España.
El juez asume su competencia, avalada por la Fiscalía Anticorrupción, esgrimiendo, entre otros factores, el tamaño de Bankia y el coste del rescate y concluye que su quiebra ha podido “desestabilizar todo el sistema financiero del país”.
Andreu reclama toda una batería de documentos a diferentes organismos y al propio grupo bancario. En concreto, quiere información de detallada de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde el 1 de enero de 2008 en favor de los consejeros y directivos y sus familiares y en favor de los grupos políticos que han participado en la elección de los consejeros de las siete cajas que formaron BFA.
También quiere toda la información sobre las prejubilaciones, pensiones, seguros de vida, retribuciones e indemnizaciones abonados a los consejeros y altos directivos.
A la CNMV le pide el expediente de la oferta pública de suscripción por la que Bankia salió a Bolsa y el folleto de emisión de dicha operación, delictiva según la querella.
Tampoco deja al margen al Banco de España, al que solicita los documentos de la inspección desde el 1 de enero de 2011, el plan de capitalización presentado en enero de 2012, los informes relativos a las retribuciones de los consejeros y directivos de Bankia y BFA desde el 28 de diciembre de 2010 (cuando el Estado, través del FROB, inyectó 4.465 millones), así como el plan de saneamiento alternativo elaborado por Rato poco antes de su dimisión.
Como testigos declararán el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el socio de Deloitte responsable de la auditoría de Bankia, Francisco Celma.
Anticorrupción ha remitido a Andreu un informe en el que apoya que asuma la querella de UPyD, si bien se opone a las medidas cautelares que se piden en ella: por ejemplo, la exigencia de fianzas o la intervención judicial del grupo bancario.
El juez ha convocado para el día 23 de julio una comparecencia en la que oirá a las partes y tomará una decisión.
Bankia está nacionalizada, por lo que no es previsible que Andreu la coloque bajo su control.
Anticorrupción, «a título indicativo», y UPyD coinciden en que en el caso Bankia pueden concurrir delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales y administración fraudulenta, castigados con penas que irían entre los dos años y seis meses y los 15 años de cárcel.
La Fiscalía, sin embargo, matiza que «en este momento inicial de la instrucción de la causa, con todas las diligencias pendientes de práctica, no es posible establecer si efectivamente se han producido hechos penalmente relevantes y, en consecuencia, tampoco imputar conductas delictivas a determinadas personas físicas sobre la base de su pertenencia al consejo de administración de BFA o Bankia»
Según Anticorrupción, esa mera pertenencia al consejo sirve como punto de partida de una investigación, pero es «insuficiente para la atribución de conductas delictivas concretas».
Por ello, la Fiscalía estaba en contra de llamar a declarar como imputados a los exconsejeros hasta avanzar en la investigación y ver si se puede «acotar el alcance de la imputación a todos o solo a parte de los consejeros e incluso a otras personas que no ostenten dicho cargo».
El juez repasa los posibles delitos en su auto. El de falsedad vendría dado si se demuestra que «los consejeros de Bankia y BFA distorsionaron las cuentas de ambas entidades a fin de dar la impresión o crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo que les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores en la salida a bolsa».
El delito de administración desleal resultaría, opina el juez, de «la existencia de un perjuicio económicamente evaluable a todos y cada uno de los accionistas de Bankia» por la supuesta «disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad» fruto de una «gestión social en la que habría prevalecido el favor político al rendimiento económico, mediante una serie interminable de de ruinosas inversiones».
El tercer delito que se imputa, el de manipulación para alterar el precio de las cosas, radicaría en que «los consejeros, directivos y gestores de Bankia elaboraron y difundieron diversa documentación (…) que arrojaba una imagen de la sociedad absolutamente irreal (…) para lo cual no dudaron en manipular la información existente».
Sobre la administración desleal en relación «con las prejubilaciones y blindajes autoconcedidos por los consejeros de las cajas», el juez señala que se trata, si llegase a probarse, «de una grosera infracción de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad».
