Una nueva Oficina Nacional de Evaluación valorará la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos que realicen las administraciones públicas y publicará una memoria anual de sus actividades.
Así consta en una de las 20 enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley del Régimen jurídico del sector publico, con la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Según el texto, que recoge Europa Press y que modifica la ley de Contratos del Sector Público, esta oficina deberá presentar un informe antes de licitar un nuevo contrato que prevea aportaciones públicas a la construcción o la explotación de una concesión o cualquier otra medida de apoyo a la financiación del concesionario, o cuando se concedan obras públicas o gestión de servicios donde la tarifa sea asumida total o parcialmente por el adjudicador o los gastos de primer establecimiento superen el millón de euros. Asimismo, informará los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato respecto de las concesiones de obras y servicios públicos que hayan sido informados previamente. CONTENIDO DE LOS INFORMESEn concreto, la oficina evaluará si la rentabilidad del proyecto obtenida en función de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida es «razonable», atendiendo también al riesgo de demanda que asuma el concesionario descontados los riesgos que queden mitigados por las ayudas públicas.
En los contratos de obra en los que el abono de la tarifa concesional se realice por el adjudicador, la oficina evaluará «previamente» la transferencia del riesgo de demanda al concesionario y, si no lo asume totalmente, valorará la razonabilidad de la rentabilidad. Por su parte, en los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe evaluará si las compensaciones financieras establecidas mantienen una rentabilidad razonable. Si las administraciones o entidades destinatarias de un informe preceptivo se apartan de las recomendaciones que haga la oficina deberán motivarlo en el expediente. PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADESLas comunidades autónomas podrán adherirse a esta oficina nacional o, si tuvieran un órgano similar, solicitar similares informes preceptivos cuando afecten a contratos de concesión.
En cualquier caso, serán los poderes adjudicadores los que soliciten los informes a la Oficina Nacional, que tendrá 30 días desde la petición o nueva aportación de información para evacuar su respuesta, o incluso la mitad de tiempo si existen razones justificadas de urgencia. En aras de la transparencia, todos los informes habrán de ser publicados a través de la central de información económico-financiera de las administraciones públicas y ser accesibles al público.
