Recomienda a los afectados recurrir a la vía civil en caso de mala comercialización
La Fiscalía Anticorrupción ha informado hoy de que la comercialización de las controvertidas participaciones preferentes por parte de Bankia y de las cajas que dieron lugar a esta entidad no constituyó delito, ya que ni hubo intención de engañar ni «un plan diseñado y preconcebido» para alterar el precio de estos títulos.
Sin embargo, la decisión de la Fiscalía, que no obliga al juez, llega días después de que la Sala Tercera de la Audiencia haya instado a Andreu a ampliar la causa para incluir una querella por preferentes de Bancaja, entidad integrada en Bankia.
Esta decisión, según ha denunciado el presidente de la Audiencia, podría acabar provocando un serio colapso y que, por tanto, habrá que adoptar medidas de apoyo.
«Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores», dice el Ministerio Público en los informes en los que se opone a admitir a trámite las querellas que recibió el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
La Fiscalía también rechaza que se investigue por estos hechos a los exresponsables de la CNMV y del Banco de España, Julio Segura y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, respectivamente, ya que no puede atribuírseles participación en los delitos de fraude de los que hablan las querellas.
«Resulta difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido claramente orquestado por las entidades querelladas a las que habría que sumar, no se olvide, la práctica totalidad del sistema bancario y financiero español».
La Fiscalía añade en sus escritos que «es consciente de la importancia del problema, que afecta a múltiples ciudadanos que, en toda España, han adquirido estos valores» y precisa que «el engaño» al que se sometió a los clientes minoristas de las entidades «se centra esencialmente en la forma de comercialización del producto».
Por ello, recomienda a los afectados que sigan para denunciar la vía civil que resulta -agrega- «más rápida y eficaz».
«La obtención de reparación indemnizatoria adquiere un primer plano que desborda por completo la cuestión penal», dice, descartando la investigación penal de los hechos.
