El titular del Juzgado número 2 de Valdemoro, Agustín Carretero, ha decidido llamar como imputado al comisario jefe del Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) por el ‘caso Ciempozuelos’. El comisario, Miguel G.I., que pertenece a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros del Cuerpo Nacional de Policía, iba a acudir el próximo lunes a declarar como testigo, pero lo hará como imputado.
La decisión del juez se tomó a primera hora de la tarde del viernes tras escuchar la declaración de otro policía imputado: el inspector jefe Vicente G. Novoa. Este inspector acudió al juzgado para declarar sobre una presunta revelación de secretos a terceras personas y por la demora en la investigación de este caso de presunta corrupción urbanística.
Según declaró Novoa, que acudió al juzgado ‘camuflado’ con gorro, gabardina y gafas de sol, el anterior jefe del Sepblac recibió una información desde Andorra el pasado mes de mayo. En esa información se denunciaban las presuntas irregularidades de los dos ex alcaldes del municipio, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, que habían ingresado más de 900.000 euros en la sede de Andbanc en el Principado.
Novoa comentó que su superior de entonces era Mario J., un inspector jefe encargado temporalmente del servicio, mientras se nombraba a otro comisario jefe. Mario J. le pasó el fax con la información, pero le pidió que «esperara hasta que llegara toda la información de Andorra».
El agente comenzó entonces a investigar por su cuenta el caso, pero pocos días después Mario J. cesó en su cargo y cambió de destino.
Se hizo cargo de los agentes con carácter temporal otro inspector, que tampoco sería el definitivo. Finalmente, en julio llegó el nuevo comisario jefe: Miguel G. I., el nuevo imputado por el juez.
Según la declaración de Novoa, Miguel G.I le pidió el 15 de septiembre que escribiera un informe sobre el ‘caso Ciempozuelos’. Novoa lo escribió, selló y numeró con el código 9816 / SEC. Sin embargo, el policía declaró que su informe fue alterado cuando se remitió a la Comisaría General.
Tenía el mismo número de serie, pero había pasado de tener dos folios a tres. Se habían añadido dos párrafos con información sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos y la presunta comisión de 1.800.000 euros en efectivo que iban a cobrar los ex alcaldes, ahora encarcelados, por parte de la inmobiliaria Esprode.
El juez ordenó hace pocos días bloquear las cuentas de Andorra con los 900.000 euros que Tejeiro y Torrejón ingresaron. El caso se centra ahora en saber por qué se paró la investigación durante cinco meses y si algún miembro de la Policía alteró el informe original que elaboró Novoa. No se descarta que el juez llame también a Mario J., que fue quien presuntamente ordenó parar la investigación en mayo.
