La ministra Cristina Narbona quiere recuperar nuestras costas y propone, para ello, un pacto a comunidades autónomas y ayuntamientos, como si se tratase de un acuerdo entre pistoleros para enfundar sus revólveres. ¿No basta, simplemente, con cumplir la ley?
Al parecer, no, pues aquí todo el mundo se pasa la legislación por el forro, empezando por nuestras dichosas autoridades, guiadas por una voracidad recaudatoria de aúpa. La ley de costas prohíbe edificar a menos de cien metros de las playas y eso, en vez de una norma de obligado cumplimiento, se asemeja a un sarcasmo. Y no hay que culpar de ello sólo a los grandes constructores, sino que propietarios particulares alzan su chiringuito como si tal cosa. Luego viene un temporal que se lo lleva y encima protestan de la falta de inversiones públicas.
En lo que va de legislatura, el Gobierno sólo ha derribado 1.200 edificaciones ilegales, pero es que sus competencias acaban a seis metros de las playas. ¿Cómo evitar, pues, que siga aumentando ese 36 por ciento de suelo urbano que ya oculta el paisaje marítimo de nuestras costas? ¿Y qué pasará cuando de aquí a cuarenta años avancen las aguas 15 metros más hacia el interior?
Para empezar, habría que deslindar las abusivas competencias municipales sin esperar a que escándalos como los de los epígonos de Jesús Gil en Marbella obliguen a intervenir a los tribunales y recuperar la autoridad de la Junta de Andalucía. Lo normal, en este país, es que si alguien pone una barandilla en su terraza aparezca un guardia urbano para percibir la licencia de obras. Sin embargo, nadie dice nada cuando se planea una urbanización ilegal, se eleva su estructura y llega a habitarse. Lo que hace el respectivo ayuntamiento es cobrar los impuestos y las licencias con los que sufragar sus gastos.
Ahí está la madre del cordero: en la ilegalidad como fuente de financiación municipal. En su día, José María Aznar propuso una segunda transición que, tras la transferencia de competencias del Estado a las autonomías, hiciese otro tanto hacia los municipios. Quedó en agua de borrajas.
Y ni siquiera nos sirve el pronunciamiento de los tribunales. Conozco sentencias incumplidas del Tribunal Supremo en varias ciudades españolas. La orden de derribo de hoteles ilegales ha sido finalmente permutada por la donación de otros volúmenes edificables al ayuntamiento de turno. Y todos tan contentos.
Por eso, me temo que sólo cuando los ayuntamientos no gasten más de lo que puedan y, además, consigan su financiación sin pasarse la ley por la entrepierna, podremos, por fin, disfrutar de nuestras costas.
