Francisco Camps es, seguramente, el presidente autonómico que mejor compagina la defensa de los valores autóctonos con la solidaridad territorial de España. Luego, obviamente, la gente le vota como le vota, para desesperación de sus desconcertados adversarios políticos, en espera siempre de un milagro que les redima de la postración.
Un dato reciente: la declaración del presidente valenciano de que existe una “inflación legislativa” en el conjunto del Estado, la cual puede llevarnos hacia “una gestión ineficaz”. De ahí la necesidad de una armonización entre las distintas comunidades autónomas, cuyo prólogo lo acaba de poner esta misma semana el encuentro de representantes de seis de ellas, presidido por Serafín Castellano.
Por supuesto que en eventos de este tipo siempre se cuela el enemigo, por decirlo de alguna manera, ejemplificado en este caso por el catalán Joan Saura, quien insta justo a lo contrario, o sea, a protestar “por la continua invasión competencial del Estado”.
Mal que le pese, es en el crecimiento desordenado de más y más competencias autonómicas y en su utilización desaforada donde radican algunos problemas económicos que padecemos: existencia de normas contradictorias para las empresas, dificultades comerciales por el uso de distintos etiquetados, multiplicación de funcionarios… Todo ello conduce a una costosa ruptura del mercado único y retrae a algunas compañías —recuérdese el caso de Air Berlin y la imposición del catalán— de venir a nuestro país.
La opinión pública se apercibió de todo este guirigay cuando el famoso lío cinegético en Jaén del ex ministro Fernández Bermejo, quien resulta que tenía licencia de caza para otras cinco comunidades pero, vaya por Dios, no para la andaluza.
Algún Gobierno autónomo, como el canario, ya fue consciente sin embargo de la que se venía encima y antes del estatuto del 82 se resistió a recibir la onerosa competencia de la sanidad. Al final, claro, por no ser menos que los demás se la quedó.
Ahí, en ese “no ser menos” arranca el camino hacia el federalismo que tanto encandila a socialistas como José Montilla y a representantes de la izquierda ágrafa como Cayo Lara. Ignoran los tales, nostálgicos de una utópica II República, que entonces no hubo ni un atisbo de la autonomía de que gozamos ahora, que el País Vasco no tuvo estatuto hasta iniciada la guerra —Álava había votado en contra— y que los regímenes federales se han formado a partir de Estados independientes, justo lo contrario que nosotros. Por eso, por la necesidad de una mayor fortaleza del Estado central, antes con Gerhard Schröder y ahora con Angela Merkel, los länder alemanes han recortado sus competencias.
Y es que, mientras la Unión Europea intenta unificar hasta los cargadores de los teléfonos móviles, nosotros no podemos andar buscando dentro del territorio español un día sí y otro también ineficaces y chuscas diferenciaciones a ultranza.
Lo que sí corresponde, en cambio, es exigir la igualdad de los ciudadanos ante la ley y que ninguna comunidad se desangre económicamente por culpa de una financiación injusta e inadecuada que Rodríguez Zapatero va dilatando reiteradamente ante la evidencia de que no es posible conciliar promesas contradictorias hechas a diferentes territorios.
Además, a medida que la situación económica se deteriora, la falta de dinero y la necesidad de no dejar a nadie sin prestaciones conduce imperativamente a una carrera de endeudamiento público en pugna, no ya con otros países, sino de unas comunidades con otras, encareciendo así los préstamos e hipotecando el futuro de las próximas generaciones.
Esto es lo que parece prever, con lúcida anticipación, Paco Camps, sin renunciar por ello a ninguna de las características propias de la Comunidad Valenciana. La suya, con todo, no es una visión ideológica, sino «de sentido común«, que diría Mariano Rajoy. De una otra manera, aunque con más timidez, nos vienen alertando en el mismo sentido conspicuos socialistas orillados por Zapatero, desde Felipe González a Jordi Sevilla y desde Joaquín Leguina a Pepe Borrell. Pero ellos, claro, no tienen hoy día ni el coraje en su exposición ni la representatividad política que ostenta Paco Camps.
