Me sorprende que el Gobierno español, que gasta millones a espuertas en causas bien peregrinas, sólo vaya a vacunar contra la gripe A al 40 por ciento de la población española. Algo tan grave que puede afectar a 18 millones de ciudadanos bien merece que todos nos pongamos a cubierto de sus efectos. Recordemos que la brusca irrupción de la enfermedad en México ha supuesto que el PIB de ese país caiga un 9 por ciento.

El primer problema consiste en la propia definición de los grupos de riesgo que precisan vacunación prioritaria. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ya ha pedido a su homóloga de Sanidad, Trinidad Jiménez, que se incluya en ellos a los docentes. Tan obvio es su caso, que en Gran Bretaña ya han previsto que la BBC dé clases a los niños si se llegan a cerrar los colegios.
Pero, si se vacunan los profesores, ¿por qué no los padres, que pasan más horas con los niños? ¿Y quién decidirá quiénes recibirán las dosis y quiénes no y con qué prelación? ¿Y por qué no se incluye en los grupos de riesgo a todos los pacientes con baja respuesta inmunológica?

Éstos son algunos problemas del posible caos al anteponer unos ciudadanos a otros. ¿Y qué decir de los respectivos criterios de cada Comunidad Autónoma, con plena competencia en temas sanitarios?

Ser cicateros en un asunto que según el Banco Mundial puede costar más de 605.000 millones en un solo año no parece, pues, el mejor sistema para remediarlo.