El pueblo de Rasquera ha dicho sí a la producción industrial de marihuana como medida para luchar contra la crisis. Mañana, otro pueblo, con igual o distinto motivo, puede aprobar en referendo la creación de una escuela de sicarios o la venta al por mayor de fusiles Kalashnikov. Una vez cruzado el umbral de la legalidad, cualquier cosa es posible.

La culpa la tiene el dichoso mantra del “derecho a decidir”, acuñado por los nacionalismos de este país. Bajo la apariencia democrática de ese principio, se iniciaron consultas “populares” sobre la independencia de Cataluña y se puede acabar proponiendo hasta una grotesca declaración de guerra a Indonesia.

Y es que no hay nada menos democrático que la consulta sin ton ni son, al margen de los cauces legales, de propuestas a cual más disparatada. ¿Para qué nos hemos dotado de leyes y de instrumentos representativos, desde partidos políticos a Parlamentos, si no es para organizar mejor nuestra convivencia y darla reglas con las que regirla?

Si se generalizase de forma arbitraria el referendo como medio directo de acción política, el caos acabaría imponiéndose sobre el sentido común. Probablemente, ningún pueblo aceptaría tener una cárcel en su término municipal y la mayoría de los ciudadanos votaría contra la creación de impuestos o pediría la mismísima Luna a sus gobernantes.

Por eso, el permitir y hasta jalear sucesos como el de Rasquera no amplía la base de nuestra democracia, sino que por el contrario erosiona de forma grave la legalidad y socava el principio mismo de la democracia representativa que, en el caso de España, tantos y tantos sacrificios nos ha costado lograr.