Todo el mundo sabe que en el saqueo del Palau de la Música por parte de Félix Millet gran parte del dinero sustraído ha ido a las arcas de Convergència Democràtica. Por eso mismo, CiU y PP han impedido que Artur Mas tuviese que dar la cara en tan enojoso asunto.
En España, resulta frecuente que en grandes latrocinios, como los del caso Gürtel o el Instituto Noós, los partidos políticos saquen su gran tajada, más allá de las responsabilidades de Francisco Correa, Iñaki Urdangarín y otros autores de los trapicheos.
El último que ha declarado ante el juez por la presunta financiación irregular del PP valenciano es el ex vicepresidente de esa Comunidad, Vicente Rambla, y claro, como todos los demás declara no saber nada de nada.
Es mucha la ignorancia acumulada en este país. Durante más de 30 años de enjuagues de este tipo, sólo han acabado en la cárcel pececillos menores, como el senador socialista Josep Maria Sala, por el caso Filesa, o personajes muy secundarios del partido de Durán i Lleida. Para que hablemos luego de la omertà de los mafiosos sicilianos.
En todo este tinglado han tenido mucho que ver, por supuesto, las cajas de ahorro. No me refiero sólo a esos fantasiosos préstamos, como el de 6,7 millones de La Caixa al PSC cuando lo presidía Pepe Montilla, y a su condonación posterior. Otra manera de financiar a los partidos también ha sido colocar en sus consejos a políticos de uno y otro signo, dar generosos créditos a sus amigos o financiar proyectos inviables.
Por eso, mientras no haya una voluntad seria de erradicar la corrupción, las sucesivas leyes que se promulguen sobre la financiación de los partidos serán simple papel mojado.
