La sociedad española está indefensa ante los okupas.
Una pareja invadió, en 2018, un chalet de lujo situado en la Milla de Oro de la Playa de San Juan (Alicante capital). Una vivienda donde también se acoplaron sus hijos.
Tras dos años ocupando irregularmente la vivienda, el Juzgado de instrucción número 5 de Alicante les ‘castigó’ con una ridícula multa de 540 euros (270 euros cada uno).
Además de no poder acceder a su propiedad desde 2018, los propietarios no recibirán el dinero de los okupas por declararse insolventes, según adelantó el diario ‘El Mundo’.
La ocupación generó grandes pérdidas para la propietaria de la vivienda, que paga cada año 1.151 euros de IBI por el inmueble.
Los okupas, Ivaylo y Pavlina, se instalaron en la vivienda hace dos años, en el invierno de 2018. Justamente cuando la propietaria se encontraba en su primera residencia, en Madrid.
Además, engancharon la luz y el agua del inmueble a la corriente de los vecinos, y permitieron la entrada de otras dos parejas para pasar el tiempo.
Durante el juicio, los okupas presentaron un contrato de alquiler que no fue validado como legal por el magistrado titular del Juzgado de instrucción.
Supuestamente, según los okupas, un hombre, llamado Georgi, les había alquilado la vivienda.
El juez asegura que se trata de un modelo descargado de internet, que fue elaborado específicamente para el juicio.
Según ha explicado, “se trata de un contrato simulado y con su uso fraudulento se pretende manipular torticeramente los hechos objetivos”.
Los okupas han proseguido argumentando que Georgi les arrendó la casa y les cobró 12.500 euros, en los que se incluye la fianza y el alquiler del primer año de la vivienda. El abogado de los okupas ha pedido la absolución de los demandados.
La sentencia de la Audiencia de Alicante concluye diciendo que “la explicación exculpatoria, ya común y generalizada en hechos de esta naturaleza, carece de toda credibilidad al resultar contraria a las reglas de la lógica”.
