Apenas la semana pasada, en el Congreso de la Unión, todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados respaldaron por unanimidad en el pleno el punto de acuerdo por el cual se propone la creación de una agenda de apoyo a las familias de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
La medida contempla incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 un monto de 200 millones de pesos para la creación de centros de prevención y atención a las adicciones, así como la apertura de centros de hospedaje para estudiantes de bajos recursos, los cuales operarán en los estados con mayor captación de remesas per cápita.
Asimismo, se reactivará el programa de desarrollo de los habitantes del semidesierto, el cual incluye también la construcción de infraestructura básica (agua potable y electrificación) y apoyo a proyectos productivos por un monto de 60 millones de pesos.
Mientras esto sucede en la Cámara de Diputados, en la realidad, en el lugar de los hechos la perniciosa situación contra los emigrantes es cosa de todos los días. Y así llegas los reportes al respecto.
En protesta por las redadas que están efectuando agentes del departamento del sheriff del condado Otero contra los migrantes, activistas y familiares de indocumentados marcharon ayer en la ciudad de Chaparral, Nuevo México, población situada al oeste de esa entidad fronteriza y cercana al estado mexicano de Chihuahua.
Critican redadas contra migrantes. En protesta por las redadas que están efectuando agentes del departamento del sheriff del condado Otero contra los migrantes, activistas y familiares de indocumentados marcharon ayer en la ciudad de Chaparral, Nuevo México, población situada al oeste de esa entidad fronteriza y cercana al estado mexicano de Chihuahua.
“Los oficiales del sheriff han violado varias de las enmiendas constitucionales de Estados Unidos al ingresar a las casas de hispanos sin permiso, además de que revisan ilegalmente los documentos y vehículos de personas de aspecto latino”, denunció Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
“Lo grave de todo esto es que los alguaciles del Departamento del sheriff han tomado como su responsabilidad la investigación del estatus legal de las personas hispanas, a quienes les preguntan por su registro del Seguro Social como si fuesen agentes de Inmigración, lo que demuestra una actitud claramente discriminatoria y hasta racista como lo ha hecho el propio sheriff de El Paso, Texas, Leo Samaniego”, señaló el activista de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Abuso de alguaciles. Fernando García señaló que uno de esos casos de abuso de los alguaciles le ocurrió a la migrante Patricia Robles, a quien le pidieron su identificación y número de Seguro Social, lo que es otro acto irregular del personal del sheriff de Otero, ya que ninguna ley del estado de Nuevo México los faculta para que pregunten e investiguen ese dato, lo cual es evidentemente un atropello a los derechos humanos.
La Red Fronteriza de los Derechos Humanos presentó un reporte con varios casos de nombres de agentes, así como de víctimas; la hora, el lugar y la descripción de las estrategias que los oficiales han utilizado para detener ilegalmente a indocumentados.
Fernando García afirmó que las acciones del Departamento del Sheriff violan la constitución de Estados Unidos, ya que están dedicados a buscar inmigrantes indocumentados y no a delincuentes o a traficantes de drogas.
En el condado de Chaparral, el Departamento del Sheriff ha arrestado a 28 inmigrantes sin documentos, a los que pusieron a disposición de la Patrulla Fronteriza para su deportación.
Pierden confianza. Fernando García dijo que con estas medidas los alguaciles pierden la confianza de los ciudadanos, ya que no ejercen sus funciones y en lugar de que les hablen para denunciar actividades ilícitas, la gente va a guardar silencio.
El activista explicó que los agentes del sheriff realizan cateos en las viviendas de los hispanos de manera injustificada y, en algunos casos, sin contar con una orden judicial; además, se ostentan como agentes de Control Animal y hasta de repartidores de pizzas para entrar a las casas de latinos.
Las redadas no son nuevas, ya que llevan aproximadamente un año en ciudades como Vado, Anthony y Berino, todas de Nuevo México, en las que se concentra una importante población hispana, como en El Paso, dijo García. Con información de Luis Carlos Cano para el periódico El Universal del 23 de septiembre de 2007 y el periódico La Jornada.