La expresión inglesa «gender based violence» no se debió traducir como «violencia de género» sino como «violencia basada en el sexo», pero Bibiana Aído, que además de demagoga e ignorante enciclopédica era tan estúpida como para considerar el término «sexo» políticamente incorrecto, optó por un nombre ideológico y pésimamente traducido: «violencia de género». Lo del sexo se pasó por alto pero el adjetivo «integral» con que adornó su ley llevó a muchos a creer que una «ley de protección integral» iba a erradicar el problema, fortaleciendo así un entendimiento mágico BOE-Realidad: todo lo que aparece en el BOE se hace verdad de forma inmediata. Y resultó que no.
La ley Aído mintió en el nombre dado a la violencia contra la mujer y también, desde los primeros renglones de su Exposición de Motivos, sosteniendo que «en la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia…» Ni era cierto entonces ni lo es ahora. Aído y el ínclito Zapatero incurrieron en un ancestral vicio del legislador español: mientras en países serios los legisladores se sientan a pensar y luego legislan, aquí el legislador se limita a sentarse y empieza a escribir obviando la fase de recopilación de datos, análisis multidisciplinar y posterior construcción de hipótesis legislativas.
La violencia contra la mujer es en España menor que en países que consideramos mucho más civilizados: Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Italia, Portugal y Grecia tenían y tienen una mayor incidencia de la violencia física y sexual contra las mujeres que España, que ocupa el quinto lugar por la cola en Europa a ese respecto, sólo mejoradas sus cifras por Croacia, Malta, Polonia y Austria. Todos los datos están en la red: compruébenlos y díganme si miento.
Mintió igualmente Aído y su pandilla, esta vez por omisión, cuando en 2004 entendieron que las cifras de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas se debían a una cultura ancestral, la española, que conducía a matar a la pareja femenina como forma abreviada de divorcio. Mintieron, repito, pues nos ocultaron un dato que resultaba políticamente incorrecto: en 2004 (comprueben las cifras en el INE), se condenó en España a 485 hombres por homicidio o asesinato y a 28 mujeres por los mismos delitos. Pero nos ocultaron la nacionalidad de los autores. No les pareció relevante que un 30% fueran extranjeros. En 2015 eran extranjeros en un 34% de los casos, según el grupo de expertos/as del CGPJ en su informe de 2017. En 2009 las cifras son muy significativas: en un 50% de los casos el autor y la víctima eran ambos españoles, en un 20% ambos eran extranjeros y en un 30% la víctima era española y el victimario extranjero: es decir, el 50% de los homicidios y asesinatos comteidos por parejas y exparejas había sido ejecutado por extranjeros, que entonces suponían un 11% de la población total.
La organización España 2000.org, de reconocida tendencia izquierdista, se atreve – donde los demás no – a dar datos evolutivos sin el habitual miedo a la incorrección política: en 2004 las mujeres extranjeras muertas suponían el 24 % – españolas 76% -, en 2008 las extranjeras supusieron el 46% – españolas 54%- y en 2010 las extranjeras eran el 38% y las españolas el 62%, lo que los lleva a concluir: «El cuadro muestra un descenso paulatino de las españolas y una tendencia al alza de las extranjeras, lo que demuestra que las campañas para concienciar y prevenir han tenido éxito entre los españoles pero no así entre la población inmigrante.» Pueden comprobar esos datos en http://espana2000.org/?p=1135.
Puesto que la estadística exige manejar datos ciertos, según el INE España tenía en 1981 un 0.52% de extranjeros, que subió al 7.02% en 2004 – cuando Aído decidió no mirar tales datos antes de echarse a la piscina -, y alcanzó la cifra máxima en 2010, con un 12.2% de extranjeros; hoy se sitúa en un 9.1% (datos de 2017).
Según la estadística del Observatorio de Violencia de Género, en 2004, fecha de la famosa e inútil ley, hubo 72 mujeres muertas a manos de parejas o exparejas; pues bien, a cuatro años de vigencia de la ley de protección integral (2008), cuando ya la protección tenía que haberse implantado de forma integral, la cifra no sólo no bajó sino que ascendió al récord de 76. La ley, por tanto, resultó ser un fracaso absoluto y sus responsables – Aído, Zapatero… -no llegaron a entender que la culpa era de una mala ley, elaborada sin estudios previos y sin el recurso a los distintos expertos que debieron ser consultados. Pero como ni ellos ni el PP que les siguió podían reconocer su fracaso idearon un sistema que los libraba de toda culpa, y así lo plasmaron por escrito en el IV informe del Observatorio: «…no se considera, sin embargo, adecuado evaluar la eficacia de la Ley Integral en función a las cifras de víctimas mortales, puesto que no es posible determinar la cifra de mujeres que han salvado su vida por la utilización de los recursos que la Ley Integral pone a su disposición.” (IV INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, de noviembre de 2011, p. 4., http://www.uca.es/recursos/doc/unidad_igualdad/1693412868_1122011112649.pdf)
El argumento resultaría jocoso si no encubriera una realidad terrible, como es la muerte efectiva de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Por el mismo argumento cabría que una congregación religiosa especialmente devota se atribuyera el haber librado a la Tierra del impacto de meteoritos gigantescos, finalmente desviados por sus oraciones. Se trata de un argumento falsario y alevoso: dado que en España nacen varias decenas de miles de niñas al año, el Observatorio, evitando contar a las muertas y optando por contar a las vivas, incluye a esas niñas recién nacidas entre las mujeres «salvadas» por esa ley que, repito, ha fracasado estrepitosamente al ser una ley deficientemente estudiada, meditada y puesta en vigor.
Como el asunto es de suma importancia, he decidido que se continúe con un mínimo de dos artículos más, destinado el II a demostrar que efectivamente se puede limitar el número de muertos por un determinado delito, y así se ha probado en España, y el III a apuntar unas líneas de actuación que, probablemente, darían lugar a una merma efectiva de las cifras de mujeres muertas a manos de sus parejas y exparejas. Pero ya saben los lectores: nadie nos hará caso pues al respecto prima el carácter ideológico de una ley genuinamente de izquierdas, pero no de las izquierdas que nos hicieron más libres sino de las que, al modo soviético, ponen la ideología por delante de la verdad. Y vivimos en tiempos de Trump, no lo olviden.
De modo que… continuará.
