La juez Erika Aifán está viviendo una verdadera pesadilla por haber investigado a empresarios y políticos en Guatemala.
Tras una campaña de acoso y amenazas, la magistrada demandó al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntamente violar su independencia judicial, su debido proceso y porque teme por su integridad física y moral debido a los fallos anticorrupción que ha hecho en el país.
La demanda fue presentada ante la CIDH pero será la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, la que deberá resolver en definitiva.
Según la denuncia, la petición busca reivindicar los derechos individuales a la independencia judicial, la vida, la integridad personal, el debido proceso legal y la protección judicial de la jueza.
Aifán dirige el juzgado de Mayor riesgo D, donde ha enjuiciado a políticos, empresarios, jueces, funcionarios y ex funcionarios públicos que tienen acusaciones de corrupción. Ella tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2019 por amenazas a su integridad y vida. Aifán ha sido objeto de amenazas, acoso, seguimientos e incluso demandas legales que intentan levantar su inmunidad para retirarle del cargo y procesarla.
La denuncia de Aifán hace un recordatorio sobre lo que llama “el deterioro” de la situación jurídica local desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años estuvo en el país combatiendo la corrupción y el crimen organizado y que finalizó en 2019 luego de que el entonces presidente Jimmy Morales se negara a permitir su continuidad luego de acusaciones en su contra de corrupción.
La petición explica también cómo se ha cooptado el sistema de justicia en el país, donde políticos, empresarios y funcionarios han sido señalados de negociar jueces ad-hoc para proveerles de impunidad y donde también señala al Ministerio Público de ser parte de esa cooptación.
Recientemente, la Corte de Constitucionalidad ordenó que los delitos cometidos contra la administración pública y la justicia puedan ser conmutables, incluida la corrupción.
La demanda hace un resumen de que la persecución y ataques a la jueza aumentaron luego de que conociera el caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020”, en el que la entonces fiscalía especial contra la impunidad puso al descubierto cómo empresarios, jueces y políticos se pusieron de acuerdo para amañar la elección de jueces, lo que le generó varias peticiones para el retiro de su inmunidad.
Los ataques a Aifán han incluido también la filtración de personal a su juzgado que ha destruido, extraviado o sustraído expedientes y evidencias de casos de acusados de corrupción. A pesar de que la jueza ha denunciado a los responsables, éstos recibieron protección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, superiores a la judicatura de Aifán.
