Hoy, 12 de mayo de 2025, el Gobierno de España ha confirmado oficialmente que actualmente hay 14 personas con nacionalidad española que se encuentran «arbitrariamente detenidas» por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Esta información, revelada a través de una respuesta parlamentaria al diputado de Unión por el Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, pone de manifiesto la compleja situación diplomática entre ambos países en un momento de creciente presión internacional sobre el gobierno venezolano.
El Ejecutivo español ha precisado que «la práctica totalidad de los presos españoles en Venezuela son dobles nacionales nacidos y residentes en el país», un matiz que podría explicar la postura moderada que España ha mantenido frente al régimen chavista.
La respuesta parlamentaria, fechada el 9 de abril pero publicada este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, llega en un contexto de creciente activismo por parte de familiares y organizaciones que reclaman una postura más firme del gobierno español.
Una crisis humanitaria con rostros españoles
Entre los casos más notorios de españoles detenidos en Venezuela destacan José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, arrestados a mediados de septiembre del año pasado. Ambos fueron acusados por el régimen de Maduro de estar supuestamente implicados en una operación que pretendía llevar a cabo actos «terroristas», incluyendo un presunto plan para asesinar al propio Maduro. Estas detenciones se produjeron en un momento de especial tensión diplomática entre España y Venezuela, tras la concesión de asilo político en Madrid al dirigente opositor Edmundo González Urrutia.
Sin embargo, la cifra de 14 detenidos confirmada por el Gobierno español contrasta con los datos aportados por organizaciones civiles. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comando con Venezuela España, en el país caribeño hay al menos 60 presos políticos con doble nacionalidad europea, de los cuales 12 serían españoles. Esta discrepancia en las cifras refleja la dificultad para obtener información precisa sobre la situación de los detenidos en Venezuela.
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Activismo creciente y presión internacional
Este mismo lunes, un grupo de familiares y activistas venezolanos se ha concentrado frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para entregar una carta que exige al Gobierno español una mayor implicación en la liberación de estos presos políticos. La misiva solicita una audiencia con el ministro José Manuel Albares y propone que España promueva una «mediación efectiva para lograr la excarcelación de los detenidos».
«España no ha liderado este proceso y lo vemos con una gravedad enorme», ha denunciado Edmaly Mucó, coordinadora de proyectos del Foro de Madrid, quien ha añadido que «no son cárceles, son centros de tortura por pensar distinto, se debe pasar de la diplomacia a las acciones».
Esta movilización coincide con la reciente salida de Venezuela de un grupo de cinco opositores que estuvieron asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas durante más de un año, una operación que los activistas han calificado como «exitosa» y «quirúrgica».
La ambigüedad de la política española hacia Venezuela
La postura del Gobierno español frente al régimen de Maduro ha sido objeto de críticas por su aparente ambigüedad. Mientras que el Parlamento español ha aprobado resoluciones condenando al régimen, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por no reconocer formalmente a ninguno de los dos candidatos tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.
Esta ambigüedad quedó patente cuando España decidió no enviar representación oficial a la ceremonia de investidura de Maduro en enero de este año, alineándose con la postura mayoritaria de la Unión Europea. Sin embargo, el pasado 30 de abril, el propio Maduro declaró en un acto televisado que «hoy España es nuestra amiga, una nación amiga de Venezuela», sugiriendo una mejora en las relaciones bilaterales.
En diciembre del año pasado, la administración chavista expresó su deseo de fortalecer las relaciones de «respeto mutuo» entre Venezuela y España, así como su voluntad de ampliar la cooperación económica en «diversas áreas de interés común» con el país europeo. Asimismo, en septiembre, Maduro afirmó que su Gobierno tiene «extraordinarias perspectivas de desarrollo» con España, tras mencionar que tuvo una «buena reunión» con directivos de la multinacional energética Repsol.
Un escenario complejo para la diplomacia española
El Gobierno español se encuentra en una posición delicada. Por un lado, debe defender los derechos de sus ciudadanos detenidos arbitrariamente en Venezuela y mantener una postura coherente con los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos que dice defender. Por otro lado, parece querer preservar ciertos canales de diálogo con el régimen de Maduro, posiblemente con la esperanza de ejercer alguna influencia positiva o proteger intereses económicos y diplomáticos.
Mientras tanto, los familiares de los detenidos y las organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo acciones más contundentes. La presión aumenta sobre el Gobierno de Sánchez para que adopte una postura más firme y efectiva que contribuya a la liberación de los españoles detenidos y a una mejora general de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En este contexto, la confirmación oficial de las 14 detenciones arbitrarias supone un reconocimiento explícito de la gravedad de la situación, pero queda por ver si este reconocimiento se traducirá en acciones diplomáticas más decididas o si España continuará navegando en las aguas de la ambigüedad en su relación con el régimen de Maduro.
