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La noticia estremeció a Colombia: ocho líderes sociales y religiosos fueron encontrados en una fosa común en el departamento de Guaviare, sur del país. El descubrimiento, confirmado por la Fiscalía con apoyo del Ejército Nacional, ha vuelto a poner en primer plano la brutalidad con la que operan las disidencias armadas, especialmente el frente primero Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. Este caso refleja una realidad que se repite desde hace años: el papel letal de la narcoguerrilla en territorios donde el Estado apenas llega.
En este reportaje analizamos las claves para entender este crimen, su contexto y cómo conecta con los peores episodios recientes de la violencia narco-insurgente.
¿Qué ocurrió en Guaviare?
- El hallazgo tuvo lugar en una zona rural del municipio de Calamar, tras una intensa búsqueda iniciada en abril.
- Las víctimas —Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón— desaparecieron a comienzos de abril tras ser citadas por miembros del frente Armando Ríos para un supuesto interrogatorio.
- Según la investigación oficial, los asesinos actuaron bajo órdenes del círculo de confianza de Iván Mordisco, principal cabecilla del EMC, con el objetivo de frenar la posible creación de una célula rival del ELN en la región.
- Los cuerpos fueron trasladados a un predio abandonado y enterrados en una fosa común, donde fueron recuperados dos meses después gracias a denuncias y mecanismos urgentes de búsqueda activados por familiares y organizaciones sociales.
Claves para entender la masacre
1. Disputas por el control territorial
La razón detrás del secuestro y asesinato múltiple está directamente relacionada con las luchas internas entre grupos armados ilegales. Las disidencias del EMC buscaban impedir que el ELN estableciera presencia o alianzas locales. Estas luchas convierten a los líderes comunitarios —muchos de ellos mediadores o defensores sociales— en blanco frecuente, acusándolos injustamente de colaborar con bandos rivales.
2. La persistencia letal del narco-conflicto
El EMC, heredero directo de las FARC tras los acuerdos fallidos o incompletos de paz, se ha consolidado como uno de los principales actores del narcotráfico, extorsión y minería ilegal en regiones como Guaviare y Caquetá. La estructura Armando Ríos es conocida por su brutalidad: recluta menores, impone normas a sangre y fuego y persigue cualquier forma de organización social autónoma.
“Estas disidencias no representan ninguna causa social. Se han convertido en una narco guerrilla dedicada al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”, declaró recientemente el ministro colombiano de Defensa al referirse al accionar sangriento del grupo tras abatir a uno de sus jefes, alias Paisa o Duver.
3. Un patrón repetido: líderes sociales como objetivo
Los asesinatos colectivos contra líderes sociales no son hechos aislados. Según datos recientes, durante el actual gobierno se han registrado cerca de 196 masacres en todo el país. Departamentos como Norte de Santander, Meta, Cauca y Antioquia concentran los mayores índices; Guaviare se suma ahora con esta tragedia.
El presidente Gustavo Petro expresó su “más profundo rechazo ante el atroz hallazgo” y lo calificó como “una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario”. Sin embargo, las condenas oficiales contrastan con la sensación generalizada de impunidad e impotencia frente al poder armado local.
4. Contexto histórico: los crímenes más horribles de la narcoguerrilla
Este episodio se suma a una larga lista negra marcada por atrocidades cometidas por guerrillas transformadas en mafias narco:
- Secuestros masivos para financiación o presión política.
- Asesinatos selectivos o colectivos para infundir terror e imponer control social.
- Masacres como las ocurridas en Bojayá (2002), Mapiripán (1997) o Tumaco (2017), perpetradas por diversos grupos armados incluyendo FARC, ELN o paramilitares.
- Reclutamiento forzado de menores e implantación violenta de “justicia” propia.
- Amenazas sistemáticas a líderes comunitarios que se oponen al negocio ilegal o promueven alternativas pacíficas.
El fenómeno no solo es colombiano: redes como los Comandos de la Frontera operan también hacia Ecuador y Perú, aliándose con carteles internacionales para blindar rutas del narcotráfico y perpetuar su poder sobre comunidades rurales indefensas.
¿Cómo puede evolucionar esta crisis?
- La reacción estatal ha sido inmediata pero limitada: despliegue militar puntual y promesas oficiales. Sin embargo, muchas regiones siguen fuera del control efectivo gubernamental.
- Los esfuerzos negociadores con algunos grupos no han frenado la violencia; por el contrario, ciertos sectores armados aprovechan treguas parciales para reorganizarse o eliminar rivales internos.
- Organizaciones sociales piden reforzar mecanismos internacionales de protección y vigilancia ante lo que consideran un patrón sistemático de exterminio dirigido contra quienes defienden derechos humanos.
- El miedo crece entre quienes asumen roles públicos o religiosos en zonas rurales: muchos se ven obligados a huir o callar ante cualquier señalamiento.
La memoria colectiva recuerda otros crímenes horribles cometidos por la narcoguerrilla —masacres, desplazamientos forzados, desapariciones— que dejaron cicatrices profundas aún sin sanar. El hallazgo reciente en Guaviare es un recordatorio doloroso: mientras persista el negocio ilegal armado y no haya Estado efectivo ni justicia real, episodios así seguirán repitiéndose.
La comunidad internacional observa con preocupación este repunte sangriento. Las próximas semanas serán clave para saber si habrá avances sustanciales contra la impunidad o si este caso terminará engrosando las estadísticas negras que pesan sobre Colombia.
