La «guerra sin cuartel» contra el contrabando anunciado por Villatoro no es solo una respuesta al asesinato del cabo Pablo Israel Cortés Recinos, sino un movimiento calculado en el tablero político de Bukele que busca blindar su legado de seguridad, aunque arriesga tensiones regionales y críticas internacionales.
Este enfoque enlaza el combate al contrabando de cigarrillos con la guerra contra las pandillas, un eje central de su popularidad, pero exponen vulnerabilidades en la frontera con Guatemala y el control de economías ilícitas que históricamente han financiado al crimen organizado.
La estrategia de Bukele: seguridad como eje electoral
El régimen de excepción iniciado en 2022 ha reducido drásticamente los homicidios y el poder de pandillas como la MS-13, que controlaba gran parte del contrabando de cigarrillos en los mercados de Ahuachapán, La Libertad y Santa Ana. Ahora, extender la «mano dura» al contrabando –un delito que generaba hasta un 30.8% de las ventas ilícitas de tabaco en El Salvador– refuerza la narrativa de un gobierno que no da tregua a ninguna amenaza, consolidando el apoyo popular para Nuevas Ideas.
Esta táctica, sin embargo, no está exenta de sombras: informes revelan negociaciones pasadas con pandillas para bajar homicidios a cambio de incentivos, lo que Bukele desmiente mientras acelera encierros masivos y mega cárceles como el CECOT. Políticamente, posiciona al presidente como un «luchador contra el crimen» alabado por figuras como Trump, pero frena extradiciones a EE.UU. y genera acusación de pactos ocultos.
Riesgos regionales y diplomáticos
La petición pública de extradición a Guatemala por el sospechoso de la banda eleva la tensión en una frontera históricamente porosa al contrabando, un fenómeno que data del siglo XIX con rutas irregulares entre Chiapas-Guatemala y Centroamérica. Crime Stoppers advierte que el cigarrillo ilícito financia no solo a la MS-13, sino a grupos como Hezbolá en la triple frontera sudamericana, impulsando una alianza centroamericana para tratarlo como crimen organizado transnacional.
Bukele arriesga fricciones diplomáticas si Guatemala se resiste, pero gana en imagen de firmeza; al mismo tiempo, podría catalizar mecanismos regionales de control aduanero, beneficiando fiscalmente a la zona. Críticos internacionales ven en esto más militarización, con posibles violaciones de derechos en detenciones como las de los cinco salvadoreños (Aldo Lara, Mario Guevara, Meybelin Martínez, Justin Ramírez y David Salterio).
El contrabando: un último histórico con raíces pandilleras
Desde la independencia, la frontera El Salvador-Guatemala ha sido un corredor de mercancía ilegal por veredas ocultas y falta de vigilancia, agravado en el siglo XX por pandillas que diversificaron de extorsiones a narcotráfico y tabaco ilícito. La MS-13 monopolizó el cigarrillo en El Salvador hasta los éxitos recientes del régimen de excepción, que desplazaron rutas hacia Honduras y Guatemala.
Este negocio evade millones en impuestos y alimenta violencia, como el asesinato del cabo en un puesto «ciego» el pasado 6 de febrero, recordando que el contrabando ya no es solo aduanero, sino un pilar del crimen organizado. Bukele busca erradicarlo para cerrar el ciclo de su «guerra total», pero el desafío radica en no repetir pactos pasados y lograr cooperación genuina.
