En un país las leyes debes ser iguales para todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan, del dinero que tengan o de lo que voten. Esta exquisita regla se rompió cuando se aceptó que podría haber dos clases de estatutos de autonomía y se vuelve a hacer con su actual reforma. Desde el primer momento que el Estado de las autonomías empezó su andadura esta regla se la saltaron los más afortunados, los españoles que vivían en alguna de las llamadas Comunidades Históricas.
A la luz de haber tenido estatuto de autonomía durante la Segunda República algunas regiones sacaron “tajada” autonómica de los débiles gobiernos de UCD que hubo en aquellos años y su estatuto las reconoce como nacionalidades con una serie de privilegios que otros ya quisiéramos. Cabe recordar que el hecho de que otras regiones no lo tuviéramos no se debió nada más que a las prisas de Franco por pasar a la Historia: se rebeló en armas antes de darnos tiempo a tenerlo. Y de algo así sacan ventaja unos políticos con el apoyo de los diferentes gobiernos habidos en España durante todos estos años.
Al impulso de esta circunstancia y con gobiernos centrales obligados por sus compromisos parlamentarios con los fuertes partidos nacionalistas, se han ido desarrollando privilegios estatutarios para algunos ciudadanos, bien a través de los discriminatorios conciertos económicos o de las actuales reformas estatutarias, lo que conlleva necesariamente que hay millones de españoles perjudicados por dichos estatutos, pues cuando la ley favorece sólo a algunos es que perjudica a los demás.
Y eso pasa con las reformas que el actual Gobierno socialista ha aceptado. Los nuevos estatutos de Cataluña, Andalucía y otros que están en preparación pretenden obligar al Estado a fijar una cuota multimillonaria de inversión en sus territorios. Unos obligan al Estado a invertir un porcentaje del PIB, otros pretenden hacerlo según el número de habitantes de esa región, otros según los Km2 que esa región tenga. Una locura tan imposible como contentar a todos los que pretenden ser los destinos favoritos de los millones del Estado. La prensa, siempre dispuesta necesariamente a resumir la actualidad con una palabra, ha bautizado las cuentas del Estado como el Sudoku de los presupuestos.
El PSOE ha comprendido, ya excesivamente tarde, que no puede aceptar que las regiones le impongan condiciones que comprometen no sólo los presupuestos generales del Estado sino también todo tipo de políticas económicas y territoriales y quiere dar marcha atrás. Pero simplemente no puede, lo que está aprobado, incluso en referéndum, no se puede deshacer. Así que resulta ahora que corremos el peligro de que unos cuantos españoles que pertenecerán a un exclusivísimo club de privilegiados jueguen con ventaja sobre todos los millones de afectados por la nueva y excluyente regla que el Gobierno socialista pretende imponernos.
Nuevamente vivimos las dos Españas que describió Machado. Una de ellas, la de los ricos, la de los privilegiados, la de los favorecidos, la de los industrializados, la de los poderosos, la de la injusticia social, la de los estatutos de primera categoría nos va a helar el corazón y la billetera, nos va a congelar el futuro, nos va a negar las mismas facilidades que ha concedido a otros… Ahora resulta que el PSOE ha dado un giro de 180 grados en su política y descubre que el sudoku no conviene a España. Ahora que algunas privilegiadas regiones disponen de la posibilidad de apechugar al Estado y marcarle lo que debe invertir y dónde, el Partido Socialista pretende discriminar de nuevo a los parias de la tierra, de la tierra española. Ah, si Marx levantara la cabeza.
¿Perjudicados?… los de siempre, entre ellos la Castilla cuya lengua parece ser una ofensa para algunos descerebrados, la irredenta, la dividida, la despreciada, la culpable, la silenciosa, la despoblada, la envejecida, la desindustrializada, la callada, la antaño orgullosa y hoy resignada.
Castilla, cerrada por defunción; el último que apague y cierre.