El País deja a Zapatero a la altura de los zapatos

Adrián Ramos (Periodista Digital).- El diario El País, habitualmente tan próximo al Gobierno Socialista y que parecía respaldar la tesis del presidente en favor del derecho a reunirse de los militantes de Batasuna, deja este miércoles a Zapatero a la altura de los zapatos. Y lo hace con un artículo de Javier Pradera, titulado «La vara de Esculapio«, que no tiene desperdicio.

Comienza Pradera con una pregunta:

¿El derecho fundamental a la reunión pacífica y sin armas -cuyo ejercicio garantiza el artículo 21.1 de la Constitución sin necesidad de autorización previa- amparaba o no el acto promovido para el próximo sábado en un recinto cerrado del Parque Ferial de Bilbao por una organización ilegalizada el 27 de marzo de 2003 mediante una sentencia del Supremo?

A la que responde a renglón seguido, citando al Gobierno vasco y obviando que el presidente del Gobierno español sostuvo hasta el final la misma tésis:

La contestación del Gobierno vasco a esa pregunta era que la disolución de Batasuna no privó a sus antiguos dirigentes y militantes de la capacidad de seguir ejerciendo legítimamente a título individual el núcleo de los derechos básicos -de expresión, participación, reunión y expresión- del sistema constitucional.

Ya al final, como colofón, dice lo que era evidente para todo el mundo, excepto para Zapatero, Blanco, varios ministros del Gobierno socialista y algunos diarios, como El País y El Periódico:

Puestas las cartas boca arriba sobre la mesa por los promotores de la timba, hasta los más escrupulosos garantistas deberán admitir que el objetivo de la frustrada convocatoria no era brindar a los veteranos afiliados de Batasuna la oportunidad de ejercer sus derechos individuales de reunión, expresión y participación para discutir proyectos asociativos diferentes de su antiguo papel como brazo político de ETA.

El partido disuelto por el Supremo hace casi tres años había preparado este acto para resucitar -amparado por Esculapio y su serpiente- oficialmente de su aparente muerte civil y proseguir sin solución de continuidad una actividad ilícita nunca interrumpida.

Aunque ni el Gobierno ni el fiscal del Estado (únicos actores legitimados para poner en marcha el procedimiento civil de ilegalización de partidos políticos) recurrieron a la Sala Especial de alto tribunal para impedir -en trámite de ejecución de la sentencia de 2003- la convocatoria del acto, el juez Grande-Marlaska reactivó ayer la medida cautelar penal dictada en 2002 por Garzón para lograr ese propósito.

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