(PD).- «Van a por mí«, dijo Esperanza Aguirre. Y así es. Cuando las exclusivas de El País sobre el «espionaje» de Madrid ya no dan más de sí, una vez que el asunto está ya «sub iudice», ahora sólo resta apretar más el puñal clavado. Los columnistas adictos no se conforman con los «continuados y entrelazados escándalos«, sino que es hora de volver a sacar a relucir el «tamayazo». Suso de Toro, en el diario de Prisa, le acusa de «falsear el resultado de unas elecciones democráticas mediante compra de diputados para conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid«. ¿No es eso un delito? ¿Tiene el hagiógrafo particular de ZP pruebas de esa compra y no las ha llevado a la Justicia?
Después de que Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez se la jugaran a su partido, el PSOE, no permitiendo a Rafael Simancas formar gobierno en la Comunidad de Madrid junto a Izquierda Unida, se la tienen jurada a Esperanza Aguirre, que consiguió la mayoría absoluta en las elecciones, que se tuvieron que repetir por la negativa de los dos ex-socialistas a abandonar sus escaños.
A la desesperada, el PSOE y sus medios adictos buscaban con lupa cualquier dato que insinuara siquiera que el PP había comprado a estos dos diputados. Pero todo quedó en nada. En meras sospechas. En julio de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaba, por tres votos contra uno, admitir a trámite la querella interpuesta por el PSOE contra los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez y otros cargos políticos y constructores, por la supuesta comisión de un delito continuado de cohecho en la crisis de la Asamblea de Madrid.
Pero esto no ha servido de nada. Los medios y periodistas afines han seguido con su campaña. Y qué mejor momento para resucitarlo que éste en el que ven a la presidenta de Madrid tocada por el caso del espionaje. Tocada y, si por ellos fuera, hundida.
Enric Sopena, propagandista gubernamental de primera línea, escribía en El Plural antes de destapar El País el supuesto espionaje:
«La presidenta de la Comunidad de Madrid, a cuyo cargo llegó en las elecciones de 2003 gracias a una especie de pucherazo estilo Romero Robledo o Restauración canovista».
Sopena, con vista de lince, insinúa pero no va más allá. Se queda en el interpretativo «especie de pucherazo».
Pero Suso de Toro, este jueves, pasa la línea en el País:
«De los continuados y entrelazados escándalos, el más grave fue falsear el resultado de unas elecciones democráticas mediante compra de diputados para conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero lo expuesto a la luz estos días demuestra que todos esos lodos dieron este lodazal que es el actual campo de batalla».
¿Quién compró? ¿Quién pagó? ¿Quién recibió el dinero? ¿Cuánto se pagó? ¿Dónde están las pruebas de este delito de corrupción?
En su delirio por querer acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, su centro de diana, los periodistas zapateriles no tienen medida. Y Suso de Toro, si es por agradar a su amigo de La Moncloa, no tiene freno. ¿Le está acusando al Partido Popular de haber comprado a María Teresa Sáez y a Eduardo Tamayo para hacerse con la Comunidad de Madrid? ¿Tiene pruebas?
Apoyándose en la supuesta trama de espionaje de Madrid, Manolo Saco, en Público, se apunta a la consigna. Pero si meter los pies en el charco, como el gallego de El País:
«Atención, sólo es una sospecha: no sabría deciros por qué, pero tengo el pálpito de que al final del hilo nos encontraremos de bruces con la mafia que financió a Tamayo y Sáenz para que Aguirre se hiciese con la presidencia de la Comunidad de Madrid.
No estoy loco, es que a veces oigo voces…»
Sólo un «pálpito» para Saco. No como para Suso de Toro, que es un hecho que las elecciones se compraron. ¿No encaja en un delito de injurias si la acusación es falsa? Esperanza Aguirre dirá.
