(PD).- Esta crisis ha dado lugar a situaciones inusitadas. Es el caso de los trabajadores del Diario de Cádiz, perteneciente al grupo Joly, que han organizado huelgas preventivas ante los despidos que parecen inminentes.
Ya lo contábamos hace sólo unas semanas: el plan de reestructuración del grupo ha afectado ya a casi todas las cabeceras y era cuestión de tiempo que los despidos llegasen a Diario de Cádiz. Así, y previendo la situación, los trabajadores de este periódico se pusieron en contacto con colegas de otras cabeceras a fin de adelantarse.
Pero el desencadenante del conflicto fue a raíz de una reunión mantenida el pasado 5 de mayo entre los trabajadores del diario y Javier Ysasi, director de RRHH de Joly, quien aseguró que «hoy sólo sé que esta semana no habrá despidos». Estas declaraciones encendieron los ánimos de los trabajadores que ya han comenzado a movilizarse.
Los representantes de los trabajadores denuncian que, desde primeros de año, el grupo ha dejado sin trabajo a casi un centenar de profesionales, la mayoría de ellos, periodistas de los diarios de Málaga, Granada, Córdoba, Sevulla y Huelva siguiendo «la misma estrategia al filo de la ley: la nominación de 8 ó 9 candidatos para eludir así la obligación de presentar un ere y la improcedencia de los despidos».
Joly, que recientemente obtuvo un crédito para poder llevar a cabo su reestructuración, está ofreciendo a los afectados el máximo de indemnización legal por lo que los trabajadores acusan al grupo de estar llevando «un despido colectivo encubierto».
Una situación financiera comprometida
Todo esto responde a una estrategia de ahorro de costes de Joly que, como todos, hace lo que puede por escapar de la crisis. El grupo acaba de llegar a un acuerdo con los bancos para refinanciar su deuda para hacer frente a los despidos.
No obstante, guardan un as bajo la manga. Según cuenta El Observador, Joly es, junto a Prisa, el grupo que más se ha beneficiado de las ayudas de la Junta. Por ejemplo, 213.912 euros por dos contratos con la Consejería de Medio Ambiente entre septiembre y diciembre de 2008. Por ejemplo, 512.000 euros por varios contratos entre 2006 y 2007 con la Consejería de Presidencia. Su cercanía al PSOE es todo un paragüas a la hora de aguantar el chaparrón de la crisis.
