La Retaguardia de Eurico Campano de este jueves 29 de mayo viene explosiva. Y no sólo por las informaciones de las cloacas del PSOE y del Gobierno que vamos conociendo, sino por los «púgiles» que lo van a destripar en directo: Eduardo García Serrano y Coto Matamoros.
Y es que lo que comenzó como una filtración de audios comprometedores se ha convertido en un terremoto político que sacude los cimientos del Gobierno de Pedro Sánchez. En el epicentro de esta tormenta se encuentra Leire Díez, una supuesta «militante de base» del PSOE que, según revelan las últimas informaciones, habría coordinado operaciones para obtener material sensible sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, jueces y periodistas.
El escándalo ha estallado tras la publicación de unas grabaciones en las que se escucha a Díez ofreciendo un pacto con la Fiscalía a un empresario, mientras trabajaba en coordinación con Jacobo Teijelo, un abogado penalista con una larga trayectoria al servicio del PSOE. Pero lo que parecía ser un caso aislado ha ido revelando ramificaciones cada vez más profundas que apuntan a una estructura organizada dentro del Partido Socialista.
La «fontanera» del PSOE y sus conexiones empresariales
Leire Díez, lejos de ser una simple militante, ha ocupado puestos estratégicos tanto en empresas públicas como privadas. Entre 2018 y 2021 fue jefa de prensa de Enusa, empresa pública encargada del uranio, donde su actividad fue notablemente discreta: en 2020, la compañía emitió únicamente cuatro notas de prensa.
Pero lo más revelador es su vinculación con Cistec Technology, una empresa tecnológica navarra de la que fue consejera entre octubre de 2021 y septiembre de 2023. Lo llamativo del caso es que Díez llegó a este puesto pocos meses después de que la compañía recibiera cuatro ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez por un valor cercano al millón de euros (960.000 euros).
Estas ayudas, procedentes de líneas de crédito ICO dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Industria, llegaron en cascada entre marzo y junio de 2021. Para octubre de ese mismo año, Díez ya formaba parte del consejo de administración de Cistec, coincidiendo con una ampliación de capital.
Durante el periodo en que Díez fue consejera, la empresa experimentó un notable crecimiento en su facturación a organismos públicos: cuatro millones de euros entre 2021 y 2023. En total, Cistec ha recibido 5,4 millones de euros públicos en 55 adjudicaciones durante la era Sánchez, alcanzando su punto máximo precisamente cuando la militante socialista ocupaba un puesto en su consejo.
Las operaciones contra la UCO y el sistema judicial
El papel de Leire Díez va mucho más allá de sus conexiones empresariales. Según los audios publicados, habría participado activamente en reuniones donde se discutían estrategias para obtener información comprometedora sobre miembros de la UCO, jueces y periodistas.
En una de estas grabaciones, de 53 minutos de duración, se escucha a Díez y Teijelo en una reunión con un empresario afín al PNV. Aunque Teijelo ha intentado justificar el encuentro como una reunión con un «potencial cliente», y Díez ha alegado que estaba allí como «periodista» investigando para un libro sobre la trama de hidrocarburos, las conversaciones grabadas sugieren una operación coordinada para desacreditar a investigadores de casos que afectan al Gobierno.
Esta revelación se produce en un contexto en el que la UCO está investigando posibles vínculos entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y contratos públicos millonarios en Navarra. Concretamente, se investiga si la empresa Servinabar 2000 SL, propiedad de Antxon Alonso, ha servido como tapadera para canalizar fondos a Cerdán.
La trama navarra y los contratos de Chivite
El caso se complica aún más con las adjudicaciones del Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, a la UTE en la que participaba Servinabar. Además del polémico contrato del túnel de Velate por 62,8 millones de euros, se han descubierto otros tres contratos por valor de 10,8 millones de euros otorgados a la misma empresa y sus asociadas.
Entre estos contratos destacan la finalización de las obras del Archivo General (con un sobrecoste del 19%), la construcción de 62 viviendas de protección oficial en Erripagaña y, posteriormente, otras 46 VPO en la misma zona por 8,4 millones de euros.
El caso más controvertido es la reciente adjudicación del desdoblamiento del túnel de Velate, anunciada en enero de 2024 por 76 millones a la UTE formada por Acciona, Construcciones Osés y Servinabar. Varios miembros de la mesa de contratación emitieron votos particulares denunciando irregularidades en el sistema de puntuación.
Según documentos internos, había filtraciones de las puntuaciones antes de ser oficiales, y el presidente de la mesa de contratación habría dado a entender que existían «presiones externas para adjudicar antes de San Fermín».
La reacción del PSOE: expediente pero sin consecuencias
Ante el escándalo, el PSOE ha abierto un expediente a Leire Díez, pero sin tomar medidas contundentes. Mientras tanto, el partido ha optado por una estrategia defensiva, amenazando a los medios de comunicación por el supuesto «daño reputacional» causado por la publicación de los audios.
Esta actitud contrasta con otros casos en los que el partido ha mostrado una postura más combativa. Sin ir más lejos, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta del Gobierno, entregó recientemente uno de los premios Clara Campoamor a Carmen Martínez Aguayo, ex consejera socialista de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía que pasó un año y medio en prisión por el caso de los ERE.
Un sistema de influencias bien engrasado
Lo que emerge de todas estas conexiones es la imagen de un sistema de influencias bien estructurado dentro del PSOE. Leire Díez, lejos de ser una simple militante, aparece como una pieza clave en esta red que conecta el partido con empresas beneficiarias de contratos públicos y con operaciones destinadas a proteger al Gobierno de investigaciones judiciales.
El caso de Cistec Technology resulta especialmente revelador. La empresa no solo recibió ayudas millonarias del Gobierno poco antes de incorporar a Díez como consejera, sino que además tiene como clientes a organismos públicos como la sanidad vasca, el servicio informático de Euskadi, el ayuntamiento de San Sebastián y el gobierno de Navarra bajo el mandato de Chivite. También mantiene alianzas con empresas bajo control socialista como Telefónica y ha canalizado fondos del kit digital implantado por la entonces vicepresidenta Nadia Calviño.
Además, Leire Díez llegó al consejo de administración de Cistec Technology sin experiencia previa en el sector tecnológico. Este nombramiento, curiosamente, no figura en la información laboral que ella misma aporta en portales profesionales como LinkedIn, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia de sus actividades.
