El Consejo de Estado ha emitido un durísimo pronunciamiento contra el proyecto de ley que el Gobierno está preparando con la excusa de regular los medios de comunicación y los servicios digitales.
En un dictamen que no deja lugar a dudas, este órgano consultivo —el más alto dentro de la Administración— señala que la normativa, actualmente en discusión en el Congreso de los Diputados, incluye elementos que podrían limitar la libertad de prensa, evocando prácticas propias de dictaduras.
Esta Ley cuyo presunto objetivo sería la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación propone la creación de un registro obligatorio. Todos los medios deberían inscribirse y proporcionar información confidencial sobre su estructura de propiedad. Además, se les exige revelar el importe anual que reciben en fondos públicos para publicidad estatal, así como el total de ingresos derivados de publicidad procedente de autoridades o entidades públicas extranjeras.
El Consejo de Estado no solo ha expresado inquietudes técnicas, sino que ha cuestionado abiertamente el enfoque detrás del proyecto. Según su análisis, la puesta en marcha de un registro de este tipo actuaría en la práctica como «un instrumento de Policía administrativa» y no como «una herramienta de transparencia al servicio tanto del ciudadano como de las empresas». Este órgano recalca que el objetivo debería ser facilitar el acceso a información sobre la propiedad mediática, no someter a control previo su funcionamiento.
Un registro franquista
La crítica más contundente del Consejo de Estado se centra en la obligación impuesta para ejercer la actividad periodística. En su dictamen, se recuerda que «en el ordenamiento español no existe actualmente ninguna obligación de registro para el ejercicio de la actividad periodística» y que los registros anteriores establecidos en la Ley de Prensa de 1966 —promulgada durante el régimen del dictador Francisco Franco— fueron eliminados en 1984 con la llegada a plena democracia.
El Consejo de Estado envía un mensaje claro: reintroducir una obligación registral sería un retroceso significativo en cuanto a las libertades informativas. «La imposición de una nueva obligación podría interpretarse como una limitación al libre ejercicio del periodismo», advierte el dictamen, añadiendo que esta medida contraviene las normativas europeas actuales, las cuales subrayan que nada debe interpretarse como una interferencia en la libertad informativa o editorial.
Asimismo, se alerta sobre cómo las normativas europeas desaconsejan que los Estados miembros impongan requisitos a los contenidos editoriales o publicaciones periodísticas. En resumen, lo que busca implementar el Gobierno entra en conflicto con los principios fundamentales defendidos por la Unión Europea respecto a la libertad de expresión.
Un contexto de deterioro de las libertades informativas
Este pronunciamiento del Consejo de Estado no surge en un vacío. En años recientes, varios organismos internacionales han manifestado su preocupación por el deterioro en la libertad periodística en diversos países, incluida España. Esta iniciativa legislativa ha generado inquietud entre periodistas y defensores civiles, quienes perciben en ella un intento por parte del Gobierno para ejercer presión sobre medios críticos.
La propuesta del registro obligatorio permitiría al Gobierno tener acceso detallado sobre cómo está estructurada y financiado cada medio. Si bien garantizar transparencia es un objetivo legítimo y necesario en cualquier democracia, muchos rechazan cómo se está implementando este registro. La clave radica en si se trata realmente de una herramienta al servicio del público o si es simplemente un mecanismo estatal destinado a controlar la actividad informativa.
La experiencia internacional nos muestra que cuando los registros mediáticos son utilizados con fines políticos, pueden convertirse en herramientas sutiles para censurar. Históricamente, en naciones con democracias frágiles o regímenes autoritarios, esta obligación ha sido empleada para presionar a periodistas y retirar licencias a medios considerados incómodos.
El Gobierno puede ignorar el dictamen, pero no su significado político
Debido al estatus consultivo del Consejo de Estado, sus dictámenes carecen de carácter vinculante. El Gobierno puede ignorar estas recomendaciones y continuar con la tramitación parlamentaria. Sin embargo, dada su autoridad técnica e institucional, esta declaración representa un obstáculo político considerable.
El dictamen cuestiona también la legitimidad democrática del proyecto. Al calificar al registro como un instrumento con «reminiscencias franquistas», el Consejo sitúa este debate en una esfera muy sensible para cualquier gobierno democrático. Nadie quiere ser comparado con prácticas dictatoriales; menos aún cuando dicha comparación proviene del organismo consultivo más importante del país.
En estos momentos críticos, la tramitación legislativa está atravesando una fase delicada dentro del Congreso. Los grupos parlamentarios afines al Gobierno deberán decidir si mantienen intacto el texto actual o si introducen cambios significativos para abordar las preocupaciones planteadas por el Consejo. Esta decisión será más política que técnica y podría influir notablemente en cómo percibe el público el compromiso gubernamental con las libertades informativas.
Mientras tanto, varias organizaciones periodísticas han presentado ante el Parlamento Europeo un manifiesto defendiendo una prensa libre en España, alarmando sobre lo que consideran una tendencia creciente a limitar las labores informativas críticas. Este movimiento refleja las inquietudes del sector ante iniciativas legislativas que pueden presentarse bajo discursos como transparencia o lucha contra desinformación pero terminan sirviendo como mecanismos coercitivos hacia medios críticos e independientes.
La libertad de prensa como termómetro democrático
La libertad periodística no es solo otro derecho dentro del amplio catálogo fundamental: es aquel derecho capaz de asegurar todos los demás. Sin una prensa libre y dispuesta a investigar y denunciar abusos, corruptelas o malas decisiones desde el poder, la democracia se ve comprometida. Los ciudadanos pierden su capacidad para tomar decisiones informadas y los gobiernos pueden actuar sin temor al escrutinio público.
El pronunciamiento reciente del Consejo de Estado recuerda que cada medida relacionada con los medios debe ser analizada con rigor extremo. La línea entre regulación legítima y restricción encubierta es fina; cruzarla puede acarrear consecuencias irreversibles sobre nuestraslibertades.
En este escenario tan complejo, debatir sobre la Ley de medios va mucho más allá de ofender diferencias políticas momentáneas. Lo realmente esencial es salvaguardar la función crítica e independiente del periodismo frente a injerencias indebidas; así como garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información plural y crítica. El dictamen emitido por el Consejo ha puesto estas cuestiones fundamentales sobre la mesa pública; ahora corresponde al Congreso de los Diputados decidir si avanzamos hacia una mayor protección para nuestras libertades informativas o si retrocedemos hacia modelos dictatoriales ya superados hace décadas.
