Seguro que me han oído más de una vez subrayar que España, como sociedad, está en un proceso de agilipollamiento. No sé si irreversible, pero acelerado.
Este atontamiento se manifiesta en el lenguaje, en la educación, en los medios de comunicación, en las leyes y en casi todos los aspectos de la vida cotidiana.
No voy a hacer aquí, por falta de espacio, una enumeración exhaustiva, pero basta que echen un vistazo a algo tan desquiciado como la okupación, donde a diario vemos a la Policía echando a trompazos a los legítimos propietarios y protegiendo a los facinerosos, para que se hagan una somera idea de lo mal que están las cosas.
O que repasen, como yo acabo de hacer, el fenómeno de la inmigración ilegal y lo que cuelga de ella.
Tiene bemoles que no sea delito saltarse a la torera la frontera o que por nuestras calles campen a sus anchas, con decenas de antecedentes y detenciones a la espalda, profesionales del mataleón, el robo con fuerza, el tirón, la sisa y el gazapeo.
Mangantes a los que los jueces tratan con guante de seda, que entran por una puerta en comisaría o en el juzgado y salen por la otra, para seguir a lo suyo.
Pues si eso les irrita, piensen por un instante en los aproximadamente 20.000 MENAs que hay teóricamente en España.
No voy a entrar ahora en si son realmente menores o no y mucho menos en su condición de “no acompañados”, porque raro es el que no está en contacto telefónico con su familia y la mantiene puntualmente informada de sus progresos y planes.
Tampoco voy a repetir eso de que si son niños, como alegan sin fundamento Sánchez y su cuadrilla de maleantes, donde hay que mandarlos, y cuanto antes, es con sus padres.
Voy a centrarme exclusivamente en lo que suponen para el sufrido contribuyente español.
Según datos oficiales, el mantenimiento mensual de cada uno de estos menores es de 4.350 euros. Cifra que en lugares como Ibiza escala hasta los 10.000 euros al mes.
¿En qué se va esa pasta?
Sobre el papel, en alojamiento y manutención, programas de integración, atención psicológica y sanitaria, educadores, psicólogos, trabajadores sociales y vigilantes de seguridad. Hay mucha gente chupando del frasco.
Y ahora el contraste: la pensión no contributiva de jubilación, que reciben aproximadamente 500.000 personas que no han cotizado lo suficiente para percibir otras cosas, no llega a 600 euros al mes.
Resumiendo: 4.350 euros a un MENA y 600 euros a un anciano español necesitado.
¡Vayan a escardar cebollinos, congresistas, diputados, ministros, presidentes y progres de pacotilla!
