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La controversia sobre la gestión del voto por correo en España ha dado un nuevo giro con la revelación de un correo electrónico que demuestra la intervención directa de Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, en el sistema de votación postal durante las elecciones andaluzas de 2022. Este hallazgo contradice las declaraciones oficiales de Correos, que había asegurado que Díez «nunca fue responsable» del voto a distancia.
El email en cuestión, enviado por Díez a la Junta Electoral Central el 26 de abril de 2022 —precisamente el mismo día en que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó la disolución del Parlamento regional y la convocatoria electoral—, solicitaba mantener medidas excepcionales derivadas de la pandemia para el voto por correo. Específicamente, pedía que los electores andaluces pudieran entregar sus papeletas directamente a los carteros cuando estos acudían a sus domicilios, sin necesidad de desplazarse a una oficina postal.
El argumento sanitario dos años después
Lo llamativo del caso es que Díez justificó su petición alegando que persistían «riesgos para la salud pública» y para los trabajadores de Correos, a pesar de que habían transcurrido ya dos años desde el primer estado de alarma por la pandemia. «En afán de proteger el valor medular que supone el derecho a la salud de todas las personas que participan en los comicios (…), se solicita el criterio de esta Junta Electoral sobre la continuidad de la medida preventiva excepcional», reclamaba la directiva en su mensaje.
La Junta Electoral Central acabó aceptando esta propuesta, permitiendo que los votantes andaluces entregaran sus papeletas en mano a los carteros. Esta decisión se basó en criterios que el órgano había establecido inicialmente en mayo de 2020 y que había mantenido en sesiones posteriores «con el objeto de proteger el derecho a la salud del personal de Correos y de los propios votantes».
Las contradicciones de Correos
Este descubrimiento pone en entredicho las afirmaciones de la empresa pública Correos, que la semana pasada emitió un comunicado asegurando que Díez nunca tuvo responsabilidades en el voto por correo. Según la versión oficial, estas competencias recaían exclusivamente en la dirección de Operaciones: «Todas las tareas y funciones son desempeñadas en el ámbito de la dirección de Operaciones, que es a quien corresponde coordinar todos los efectivos y la gestión necesaria».
Sin embargo, la documentación revelada muestra no solo que Díez intervino directamente en el proceso, sino que además tenía capacidad para validar el voto por correo. De hecho, utilizó su firma digital para certificar envíos electorales en esos mismos comicios andaluces, según un documento que Correos remitió a la Junta Electoral Central el 23 de junio de 2022.
Una figura con amplios poderes
Leire Díez no era una simple empleada de Correos. Ocupaba el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, cobraba cerca de 100.000 euros anuales y, lo más relevante, era apoderada, apoderada mancomunada y apoderada mancomunada solidaria de la empresa pública. Esto significa que disponía de amplios poderes de representación legal de la sociedad estatal y contaba con firma digital en nombre de Correos, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Directivos de la empresa han manifestado a medios como Vozpópuli que el papel desempeñado por Díez en relación con el voto por correo resultaba «muy inusual», ya que normalmente este proceso está gestionado por una comisión formada por varios departamentos, y las validaciones solo podían ser firmadas por el director de Operaciones, el director adjunto, el secretario general o el presidente.
La trayectoria de la ‘fontanera’ socialista
La figura de Leire Díez ha cobrado notoriedad en los últimos meses tras revelarse su papel en las «cloacas» del PSOE. Su trayectoria muestra una estrecha vinculación con el núcleo duro del sanchismo: tras el Comité Federal del 1 de octubre de 2016, se unió a los grupos de apoyo al actual presidente del Gobierno. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos vinculados al aparato socialista, pasando por la Empresa Nacional del Uranio, el entorno de José Luis Ábalos y finalmente Correos.
Además, su nombre ha sido relacionado con polémicas anteriores sobre el voto por correo. Especialmente llamativo es el caso de Vega de Pas (Cantabria) en 2011, cuando Díez fue teniente de Alcalde del PSOE en un municipio donde hasta entonces los socialistas no tenían representación. Según ha denunciado el exalcalde del pueblo, Víctor Gómez, del Partido Regionalista de Cantabria, en aquellas elecciones «se disparó el voto por correo al 20% en un pueblo de menos de mil habitantes, donde el voto por correo no llega nunca al 1%. Y ese fue el único año que el PSOE sacó representación».
Implicaciones para la credibilidad del sistema electoral
Este caso plantea serias dudas sobre la neutralidad y transparencia del sistema de voto por correo en España, especialmente en un momento en que la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa momentos delicados. La intervención de una figura tan estrechamente vinculada al partido en el gobierno en un mecanismo electoral tan sensible como el voto postal genera preocupación sobre posibles interferencias partidistas en procesos que deberían estar blindados contra cualquier tipo de manipulación política.
El PSOE, por su parte, intenta desligar a Díez de estas acusaciones y minimizar su papel, mientras la oposición exige explicaciones sobre el alcance real de su intervención en el sistema de voto por correo y las posibles irregularidades que pudieran haberse producido.
Datos curiosos sobre el voto por correo
El sistema de voto por correo en España ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En las elecciones generales de 2023, más de 2,5 millones de personas solicitaron ejercer su derecho al voto mediante este sistema, lo que supuso un récord histórico. Este incremento ha puesto a prueba la capacidad logística de Correos, que debe gestionar un volumen extraordinario de documentación electoral en periodos muy concentrados.
La normativa española establece garantías específicas para el voto postal, como la necesidad de identificación presencial del votante al solicitar y entregar su voto, precisamente para evitar posibles fraudes. Las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia flexibilizaron algunos de estos requisitos, generando un debate sobre si estas excepciones deberían mantenerse una vez superada la crisis sanitaria o si, por el contrario, representan un riesgo para la integridad del sistema electoral.
