Cabreo generalizado en tribunas y editoriales de la prensa de papel este 30 de noviembre de 2017. La posibilidad de que los separatistas encarcelados puedan salir del presidio con el simple acatamiento de palabra del artículo 155 de la Constitución Española provoca que los opinadores denuncien que al final lo que debía de provocar tembleque en los golpistas se haya convertido en un auténtico ofertón para salir de la cárcel y poder seguir delinquiendo a renglón seguido.
Alfonso Ussía, en La Razón, denuncia que el 155 ha pasado de ser un artículo de la Carta Magna a un verdadero chollo para los golpistas:
Han arruinado a Cataluña, y empujado a tres mil empresas a trasladar su sede fuera de Cataluña. Han utilizado a niños y menores para impedir la acción de la Justicia. Y todo ello se perdona cautelarmente, porque acatan el 155. Es decir, porque no tienen cojones para asumir sus responsabilidades. Unos huidos, y otros dispuestos a lo que sea para abandonar la cárcel. El 155 ha pasado de ser un artículo de la Constitución a un chollo. Al menos ha servido para que sepamos hasta qué límite alcanza la cobardía de estos granujas.
Jaime González, en ABC, deja bien a las claras que al equipo de Manuela Carmena le va más lo de aproximarse al secesionismo que al Estado de derecho:
Una mayoría de los concejales de Carmena -no nos engañemos- sostienen en privado que España no es una democracia ni un Estado de Derecho. A veces nos olvidamos de quiénes son y de dónde vienen. Son antisistema. Que los concejales de Ahora Madrid no hayan apoyado la propuesta solo demuestra que el «procés» les ha roto los esquemas. Ayer se abstuvieron. Pero a más de uno, y de dos, y de tres, y de cuatro, y de cinco, y de seis, lo que el cuerpo les pedía es gritar: «¡Libertad, presos políticos!» y «¡Fuera las fuerzas de ocupación!». ¿O no?
El editorial de ABC exige en Cataluña una campaña electoral limpia y se pregunta por qué se deja que la TV3 y Cataluña Radio pueden seguir campando a sus anchas:
La Junta Electoral está poniendo orden en la campaña de propaganda que aún pueden hacer los medios públicos de comunicación catalanes. Todavía está pendiente la explicación de cómo es posible que con el artículo 155 de la Constitución se pueda disolver un Parlamento y cesar a un Gobierno autonómico, pero sus medios públicos queden indemnes del proceso de reconstitucionalización de Cataluña, cuando han sido punta de lanza del frentismo separatista.
Isabel San Sebastián hace una curiosa analogía con Carles Puigdemont:
Lo de nuestro turista en Bruselas se sitúa en la órbita del personaje que interpreta en la pantalla Rowan Atkinson (Míster Bean) con el pelo engominado, sonrisas babeantes y una mirada tan iluminada como la del «president» a la fuga. Un tipo un tanto ridículo, a caballo entre lo cómico y lo patético, cuya conducta errática acaba provocando situaciones que escapan a todo control.
Ignacio Camacho denuncia la burda petición del candidato socialista Miquel Iceta cuando esgrime la cuestión de la quita para Cataluña:
Lo que pretende Iceta es transferir al resto de los españoles las consecuencias de la mala gestión de la autonomía catalana. El derroche de TV3 y sus seis canales, el gasto en políticas de «construcción nacional», las subvenciones a plataformas secesionistas, el desparrame de las embajadas. Ese dispendio manirroto con que la Generalitat ha desatendido los servicios públicos, las infraestructuras, el pago a proveedores y demás responsabilidades obligadas. La quita, un concepto tan grato a los populistas, no suprime la deuda: sólo se la endosa al Estado, es decir, a toda España. Y significa que la tendrán que pagar los ciudadanos de Valencia, La Coruña, Valladolid o Málaga. Lo que siempre ha querido el nacionalismo: invertir el sentido de la aportación solidaria.
Arcadi Espada, en El Mundo, le da una lección de Historia a la socialista Adriana Lastra:
José Antonio fue un dirigente falangista español, joven y carismático. Su más importante rasgo biográfico fue su muerte. El 20 de noviembre de 1936 lo fusilaron en la cárcel de Alicante. Para entretener el tiempo, había dedicado sus últimos días a la elaboración de un gobierno de reconciliación nacional que gestionara el fin de la guerra. Lo interesante, para la formación de Lastra, es que el gobierno que dio el enterado a la sentencia de muerte estaba presidido por el socialista Largo Caballero. El mismo hombre y socialista al que José Antonio salvó años antes la vida al prohibir la ejecución de un atentado falangista.
Raúl del Pozo sale en defensa de Albert Rivera y denuncia el acoso parlamentario al que está siendo sometido su partido en Madrid y su candidata catalana, Inés Arrimadas, antes de empezar la campaña del 21-D:
Los diputados, en vez de controlar al Gobierno, ayer dispararon sobre Ciudadanos, como si éstos fueran una banda de jabalíes en un Congreso de cazadores. Le están midiendo los colmillos a Albert Rivera porque ya es la pieza a abatir. El nivel de demagogia sube y vuelven los mediocres ergotistas, en una legislatura estancada, a merced del Cupo vasco. Ya se vislumbra un Parlament ingobernable en Cataluña con el veto a Inés Arrimadas, a la que tratan como a una bruja.
