Políticos, mangantes y la ley del embudo

Políticos, mangantes y la ley del embudo

(PD).- Los políticos no son un bien de Estado, como dijo en cierta ocasión la esposa de un ministro felipista. Son servidores públicos, como los funcionarios, aunque con más responsabilidad y una representatividad directa que les obliga a dar ejemplo.

Escribe Ignacio Camacho en ABC que la honestidad se les supone, y al que se le deja de suponer hay que expulsarlo de la política sin ambages ni rodeos.

Pero además de ser honrados, sólo faltaría, han de mostrar la sensibilidad social suficiente para merecer confianza, y saber que su único privilegio admisible es el de tomar decisiones en nombre de los ciudadanos.

No es poco, pero a menudo se ve que les parece insuficiente; atacados de vanidad y de falsa importancia se han dejado envolver por una alta consideración de sí mismos que les lleva a considerarse parte de una casta.
En España el poder, por pequeño que sea, resulta una bicoca. Gastos de representación, tarjetas de crédito, coches oficiales, telefonía móvil de última generación, secretarias, asesores, viajes, invitaciones, protocolo, escolta.

El concejal más modesto se rodea de un descabellado estatus de fatuidad y dispone de una red clientelar que maneja a su antojo. De ahí para arriba, los cargos públicos disfrutan de una alta retribución en especie material y funcional que compensa su relativamente escasa remuneración.

Que es asunto discutible porque es evidente que el presidente o los ministros cobran menos que cualquier directivo de empresa privada, pero la estructura de los salarios políticos hay que analizarla en relación con los cargos y, sobre todo, con la cualificación profesional de quienes los desempeñan.

La mayoría de nuestros diputados nacionales, autonómicos y provinciales, y desde luego los ediles de los municipios, no estarían de ningún modo peor pagados en sus empleos de origen.

Por eso están dispuestos a cualquier cosa con tal de seguir en las listas que dan acceso a la nomenclatura pública. Tienen pánico a la normalidad: a la tiza, a la oficina, al consultorio, al jefe áspero y al cliente quisquilloso.

A la rutina laboral de cualquiera de sus votantes. Pero después está el asunto del tren de vida.

Lo estamos viendo estos días, con los coches tuneados, los despachos de lujo, los gastos del séquito presidencial y demás supuesta calderilla con que los contribuyentes sostienen un despilfarro incongruente en cualquier situación, pero mucho más en una circunstancia social y económicamente crítica.

Nadie cuestiona que el presidente viva en un palacio o un ministro en un piso estatal, pero chirría el hiperbólico aparato de suntuosa ostentación con el que se rodean hasta los mindundis y el inconsciente desenfado de chamanes con que se tienen a sí mismos por titulares naturales de un privilegio blindado, como sus automóviles, frente a cualquier asomo de sobriedad, moderación y transparencia.

Los políticos no se dan cuenta porque se han acostumbrado a instalarse en la parte más ancha de ese embudo de prerrogativas sin fuero, pero el desapego de la gente respecto a ellos y a su función tiene que ver con la distancia que han puesto entre su forma de vivir y la de los ciudadanos que la financian.

En esa zanja moral se está enterrando la credibilidad de nuestra dirigencia pública.

VÍA ABC

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