Operación Gürtel: Los que se lo llevaron crudo…

Operación Gürtel: Los que se lo llevaron crudo...

(PD).- A la espera de que el juez Garzón levante el secreto del sumario sobre el “caso Gürtel», no dejan de aflorar datos dispersos, acusaciones, nombres y negocios que permiten hacerse una idea de la fiesta que se han pegado estos «chorizos», a la salud del sufrido contribuyente, saqueando arcas públicas con la venia de políticos mangantes.

Mientras tanto, Garzón decidió dejar en libertad a Álvaro Pérez Alonso, conocido como «El Bigotes», y supuesto hombre de confianza de Francisco Correa en Valencia dentro de la trama de corrupción dedicada a obtener adjudicaciones y contratos de las administraciones públicas a cambio de sobornos.

Tras cerca de una hora de interrogatorio, el juez decidió, a instancias de las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, dejar en libertad a Pérez Alonso, aunque le impuso la obligación de comparecer semanalmente ante los juzgados y le prohibió abandonar el territorio nacional.

JOSE RAMÓN BLANCO BALIN

Consejero de Orange Market, compañía desde la que Correa ejercía de conseguidor de contratos públicos de las administraciones populares. Apoderado en la sociedad Castano Corporate, dedicada a la promoción inmobiliaria. Ex consejero de Gas Natural y Enagás, ex consejero delegado de Repsol e inspector de Hacienda en excedencia, también colecciona consejos de administración, como los de NH Hoteles, o el de Ercros.

Implicado en la cesión del derecho de superficie de la adjudicación municipal de 30 locales a Artas Consultoría que Blanco obtuvo de la empresa municipal de suelo de Boadilla tras abonarle 320.000 euros, de la que también es administrador. Su nombre también salió a relucir como uno de los tres asesores fiscales que habrían colaborado en operaciones de lavado de dinero dentro de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra entre 150 y 200 particulares, empresas y sociedades por un posible delito de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.

ÁLVARO PÉREZ ALONSO

Apodado «el bigotes». Pérez Alonso es presidente de Orange Market, filial de Special Events, dirigida por Francisco Correa. Orange Market se fundó en 2003 en Algemesí con dos socios, Álvaro Pérez, que puso un capital de 3.006 euros, y Pablo Crespo, a la sazón socio de Correa en Special Events, que participó con la desorbitada cantidad de un euro.

Orange Market ganó el concurso de la Conselleria de Turismo para el diseño, montaje y desmontaje del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009 tras presentar la oferta más cara de las seis firmas que optaron a la adjudicación. Ya en 2005 diversos medios de comunicación se hicieron eco de las sospechas en torno a este grupo empresarial, sospechas de evasión fiscal y corrupción.

JULIAN JIMENEZ DE LOS GALANES y FRANCISCO COLADO

Ambos son propietarios de la promotora Grupo DICO Empresarial, que ocultó a Hacienda entre 20 y 30 millones de euros durante los diez últimos años.

Se les acusa de haber pagado sobornos millonarios a cambio de favores urbanísticos a alcaldes y funcionarios públicos de varios municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos el de Valdemoro. Los dos empresarios recurrieron sistemáticamente al «falseamiento contable para generar dinero B destinado al pago de comisiones», según consta en la denuncia en poder de la Fiscalía Anticorrupción. Son propietarios de una finca de caza en Daimiel en la que han recibido a Granados en varias ocasiones en las que se han organizado allí reuniones sociales.

JOSÉ LUÍS ULIBARRI

Empresario burgalés que controla la construcción y los medios en Castilla y León. Entró 1981 en la constructora Begar SA como vicepresidente y consejero delegado y ya en 1995 alcanzaba la presidencia de la piedra angular de su proyecto y se lanzó al negocio de los medios de comunicación. Ulibarri es propietario del 20% de Punto Radio en Castilla y León y posee una red de televisiones locales en esa región. Además tiene dos cabeceras en Soria y Burgos asociadas a Unidad Editorial.

En 2006 convenció a varias televisiones valencianas que emitían sin licencia la cesión del 51% de su negocio a cambio de crear Mediamed Comunicación Digital y poder hacer frente común en la lucha por las licencias TDT de la Comunidad valenciana. Firmas ligadas a Mediamed se hicieron con licencias en trece de las catorce demarcaciones locales que el Consell había dividido el espectro televisivo valenciano.

El constructor también se impuso en la adjudicación del contrato de construcción del alcantarillado y de un hospital en la Comunidad Valenciana.

ARTURO GONZÁLEZ PANERO

Alcalde de Boadilla hasta su dimisión la pasada semana. Referido por Correa como «el albondiguilla» en una de las cintas grabadas por la policía.

Adjudicó 32 locales comerciales y 180 plazas de aparcamiento a la empresa de José Ramón Blanco durante 75, Rústicas MBS, y firmó el arrendamiento de uno de esos locales cedido a la constructora en nombre del ayuntamiento para instalar la comisaría, por un valor de 140.000 euros cuando el valor estipulado de mercado es de 1.700 euros al mes de alquiler. Rústicas puede construir y alquilar estas propiedades a cambio de pagar al Ayuntamiento 320.000 euros anuales.

También adjudicó a UFC, empresa de Ulibarri, una parcela para construir 139 viviendas, de precio libre, en noviembre de 2005, aún siendo manifiestamente peor la oferta de UFC que la presentada por otras compañías.

FRANCISCO CORREA

Presidente de un «conglomerado empresarial» formado por hasta 23 sociedades de ‘inversión especulativa’ que operaba en Madrid y Valencia. A este conglomerado pertenecen empresas como Special Events -que organizó eventos para el PP hasta el 2004- y Pasadena Viajes, así como Orange Market, filial de la anterior en Valencia y dirigida por el también detenido Álvaro Pérez Alonso y Easy Concept Comunicación, de la que es empleado el imputado Pau Collado entre otras.

Correa es el líder de la trama de corrupción. Sus actividades empresariales estaban orientadas a la adjudicación fraudulenta de contratos públicos apoyados en sus contactos con miembros del Partido Popular.
En las grabaciones realizadas por la policía, llega a decir que llevó dinero al tesorero del partido a la sede de la organización y a su casa. Correa fue uno de los 25 testigos de la boda de de Alejandro Agag y Ana Aznar.

PABLO CRESPO SARABIS

Crespo fue secretario del Partido Popular en Galicia hasta 1999, año en el que traslada a Madrid para trabajar a las órdenes de Francisco Correa.

Es el consejero delegado de las empresas de Correa y su hombre de confianza hasta el punto de que gestionaba su patrimonio personal y «diseñaba con Francisco Correa la estrategia de ocultación de fondos del mismo», según el juez Garzón. Crespo es el encargado de expandir el entramado empresarial de Correa en el extranjero y estaba buscando asentarse en Panamá.

A las órdenes de Correa, gestionó contrato, derivó fondos, fundó sociedades destinadas a la evasión de impuestos y ocultación de fondos, tramitó sobornos y preparaba la estrategia para que los negocios de las sociedades no se vieran afectados por el procedimiento judicial ahora en proceso.


GUILLERMO ORTEGA

Siendo alcalde de Majadahonda, adjudicó a Special Events la realización de un vídeo titulado «Creciendo en calidad de vida». Para que esta adjudicación evitase el concurso público, fragmentó el contrato en cinco facturas por un importe global de 28.571 euros.

Durante la legislatura de Ortega, entre 2003 y 2005, tres sociedades; TCM, Downtown Consulting y Easy Concept, se fueron transmitiendo acuerdos por valor de más de dos millones de euros. Todos esos acuerdos figuran en los papeles municipales de la oficina de contratación. En total se calcula en cerca de 3,5 millones los otorgados a empresas vinculadas a Francisco Correa y que están documentados.

MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO

Esposa de Correa. Era administradora única de las sociedades de la trama Special Events y Pasadena Viajes.
Cobraba nómina del Ayuntamiento de Majadahonda, en el que ocupaba el cargo de jefa del gabinete de Guillermo Ortega.
Garzón ha imputado a Rodríguez Quijano los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, aunque ha ordenado su puesta en libertad con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado más próximo a su domicilio.

JESUS CALVO SORIA

Ex gerente de la Universidad Complutense. Estuvo implicado en una investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla sobre presuntos sobornos que habrían sido pagados por una empresa de construcción madrileña de su propiedad a miembros del ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), pero la causa fue sobreseída en 2006.

Está imputado por la relación que mantenía con las empresas del cerebro de esta red, Francisco Correa.

LISTA COMPLETA DE LOS 34 IMPUTADOS:

1. Andrés Bernabé Nieto

2. María del Carmen Rodríguez Quijano

3. Jacobo Gordon Levenfeld

4. David Luís Cerezo

5. Paula Seco de Herrera López

6. Mónica Magariños Pérez

7. Carmen Luís Cerezo

8. Antonio Herrero González

9. Guillermo García Coello

10. José Ramón Blanco Balín

11. Álvaro Pérez Alonso

12. Pablo Collado Serra

13. José Luís Izquierdo López

14. Fernando Torres Manso

15. José Javier Nombela Olmo

16. Cándido Herrero Martínez

17. María Victoria Romero Párraga

18. Luís de Miguel Pérez

19. Joaquín García Mármol

20. Pablo Ignacio Gallo Alcántara Criado

21. José Luís Ulibarri Comerzana

22. Arturo González Panero

23. Guillermo Ortega Alonso

24. Felisa Isabel Jordan Goncet

25. Francisco Javier Pérez Alonso

26. Manuel Delgado

27. José Antonio López

28. Guillermo Martínez Lluch

29. Juan Pérez Mora

30. Jesús Calvo Soria

31. Carlos Ignacio Hernández Montiel

32. Juan Antonio, del despacho R. Blanco-Guillamot

33. Carmen, del despacho R. Blanco-Guillamot

34. Juan Manuel Jiménez Bravo

Todos ellos están acusados de relaciones o implicaciones directas en los negocios que Francisco Correa llevaba a cabo a través del conjunto de sus empresas. Delitos como el cohecho, el soborno, la ocultación de capitales o la evasión de impuestos, entre otros, pesan sobre los imputados que declaran estos días antes el juez Garzón.

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