La Justicia ha echado por tierra las aspiraciones de la izquierda, encabezada por PSOE y Podemos, de desviar toda la responsabilidad de la desastrosa gestión de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid y más concretamente en el enemigo a batir, su presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Tal y como ha publicado el portal Vozpópuli, la juez de instrucción número 5 de Leganés ha rechazado estudiar una querella de familiares contra varios responsables de residencias de ancianos y consejeros de la Comunidad de Madrid. La resolución supone un varapalo para los querellantes a los que acusa de basarse en “conjeturas”. Disculpa al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de alegar que el covid-19 es una enfermedad de la que aún se desconocen sus efectos o que la falta de materiales de protección era “una carencia estatal”.
La querella acusaba a la Comunidad de Madrid y a varios consejeros de una “inadecuada aplicación de protocolos, de un actuar tardío e insuficiente y de decisiones equivocadas que provocaron el fallecimiento de miles de residentes de geriátricos”. Sin embargo, la magistrada Mónica Boticario alega en su auto que la Covid-19 es “una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo y del que poco se ha averiguado» hasta el día de hoy «como demuestra la situación de ‘segunda ola’ con numerosos rebrotes en todo el territorio nacional».
El Juzgado de Leganés recibió la querella el 28 de mayo. La firman 11 familias de ancianos, según apuntan a Periodista Digital fuentes conocedoras del caso familias próximas ideológicamente tanto a PSOE como a Podemos. Varios de sus mayores han muerto y otros resultaron contagiados en residencias del municipio madrileño de Leganés. Apostaron por la vía penal y la querella se presentó contra diversos directores de centros geriátricos y consejeros de la Comunidad de Madrid que preside Díaz Ayuso.
Les acusan de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato degradante. Sin embargo, la juez considera que “no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad”.
Pero lo más interesante del auto judicial (y que puede servir de precedente al Supremo después de que la Fiscalía haya pedido archivar el caso contra el Gobierno) es lo que dice la magistrada sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez o la gestión del responsable directo, Pablo Iglesias, : “tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones”.
En su exposición de argumentos en el auto, además, la jueza no olvida la pésima gestión sanitaria del Gobierno central recordando “la polémica suscitada en cuanto a la compra de test masivos a una empresa china que luego resultaron inadecuados para el fin para el que fueron adquiridos”.
