El Juzgado de Instrucción 2 de Madrid ha abierto las Diligencias Previas 2198/2021 por la denuncia de ACODAP contra el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, por amañar el juicio en el que terminó por confirmarse el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, tal y como ha explicado a Periodista Digital Fernando Presencia.
El juez Presencia, líder de la asociación contra la corrupción (ACODAP), denunciaba al referido magistrado y a su hermano ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
La razón es que Pablo Lucas forma parte de la Sala especial del Supremo que conoce de los recursos contra todos los acuerdos adoptados por el CGPJ, a pesar de que su hermano Enrique es vocal de ese órgano de gobierno de los jueces, lo que resulta incompatible y prohibido por Ley.
Pablo Lucas Murillo de la Cueva es el presidente de la sección 4ª de la Sala de lo contencioso del Supremo, y por tanto forma parte de esa Sala especial que constituye la sección 6ª (la del art. 638 LOPJ). El problema es que su hermano Enrique es vocal del CGPJ, y contribuye con su voto a la formación de los acuerdos del Pleno.
Según la denuncia que ahora se investiga, Pablo Lucas ha tomado la decisión ilegal de no apartarse del conocimiento de los recursos contra el CGPJ, y está confirmando a tutiplén todos los acuerdos en los que participa Enrique Lucas. Muestra de ello es el bochornoso espectáculo que han dado los dos hermanos como consecuencia del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
El Pleno extraordinario del CGPJ que se celebró el 16 de enero de 2020 aprobó por mayoría de 11 contra 10 el informe favorable al nombramiento de la Fiscal General del Estado por parte del Consejo de Ministros de Sánchez, indicando que Dolores Delgadoreunía los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo.
De esos 11 vocales que votaron a favor del nombramiento, uno de ellos era Enrique Lucas Murillo de la Cueva, como decíamos previamente y resaltamos, hermano del actual presidente de la Sección del Supremo que revisó jurisdiccionalmente el acuerdo que fue informado por el Pleno del CGPJ.
La conclusión entonces es evidente, Pablo Lucas Murillo De La Cueva debió abstenerse y no dictar sentencia sobre la revisión de un acuerdo que había sido informado, entre otros, por su propio hermano.
Al no haberse abstenido, teniendo la obligación de hacerlo, incurrió en la falta muy grave. Eso es precisamente lo que denunció el juez Fernando Presencia, y que dio lugar a las Diligencias Previas 2198/2021 del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, a mayor disgusto de Pedro Sánchez, quien designó personalmente a Delgado.
Desde 2009, Murillo de la Cueva ha venido siendo de forma ininterrumpida magistrado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Su función es la de autorizar la entrada en los domicilios de los investigados e intervenir todas sus comunicaciones, tanto tradicionales, en papel, como electrónicas –teléfonos, Whatsaps, correos electrónicos, Telegram– tras estudiar las solicitudes planteadas, los hechos sobre los que se plantean las adopciones de medidas.
“De esta forma, el Juez del CNI se ha convertido en la red sobre la que opera el servicio de inteligencia en defensa de la supuesta seguridad nacional”, explica Presencia.
Por esa razón, Fernando Presencia se ha dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para que modifiquen las normas de reparto de la Sala 3ª, y separen a Murillo de la Cueva de la sección 6ª, al tiempo que se le incoen expedientes disciplinarios por su falta de abstención en el casi centenar de recursos contra los acuerdos del CGPJ, en los que habrían participado ambos hermanos.
