Se lo contábamos este fin de semana en Periodista Digital, la Audiencia Nacional ha comunicado a ACODAP, en respuesta a su recurso de apelación,” que una vez revisados los hechos denunciados estos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal (por importe de 5.700.000 euros) que habría cometido Margarita Robles en los años 2001, 2002 y 2003, pero que esos delitos habrían prescrito”.
Por tanto, tal y como reconocían desde la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), la justicia reconocía los presuntos delitos de Robles, aunque no tendrían repercusión judicial alguna por su prescripción.
Pero el juez Fernando Presencia, presidente de ACODAP y exdecano de los jueces de Talavera de la Reina, no se ha por perdido y ha anunciado ahora que denunciará por prevaricación a los magistrados que avalaron las tesis de que el presunto blanqueo y fraude fiscal de la ahora ministra de Defensa pudieron prescribir.
Se trata de Félix Alfonso Guevara Marcos (el juez que se hizo famoso por sus gritos y broncas descomunales en el juicio por los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils), Carlos Fraile Coloma (Ponente) y Ana María Rubio Encinas, quienes han sido denunciados ahora por ACODAP junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles y sus presuntos testaferros.
Según la denuncia que nuevamente acaba de presentar la asociación contra la corrupción liderada por el juez Presencia (ACODAP): “Los magistrados que han resuelto la apelación llegan al absurdo de confirmar la resolución que declara la falta de competencia de la Audiencia Nacional, mediante otra resolución que en cambio reconoce su competencia y no cuestiona los hechos pero que sorprendentemente declara prescritos los delitos, lo que desde un punto de vista jurídico no significa otra cosa que un verdadero cúmulo de disparates para intentar justificar lo injustificable”.
Como señala el juez Fernando Presencia en su escrito al que ha tenido acceso Periodista Digital “declarada por la Sala la competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de los hechos, lo procedente hubiera sido estimar el recurso y devolver las actuaciones al juzgado central para que continuara con la instrucción”.
Lo que no es de recibo -asegura ACODAP- es que la Sala se pronuncie a renglón seguido sobre una cuestión que nadie le ha planteado como es la prescripción, que supone el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones, que no se plantea para archivar el procedimiento sino para que se presente la denuncia fuera de la Audiencia Nacional, al terminar confirmando absurdamente la decisión inicial que la propia Sala estaba cuestionando, que estimaba su falta de competencia.
