Una vela a Dios y otra al diablo.
Ese es el peculiar modus vivendi de un Pedro Sánchez que entiende la política como un medio para sacar partido de cada situación, aunque sean cuestiones tan opuestas como querer estar a la vez con las víctimas de ETA y con los herederos políticos de los terroristas.
Y no precisamente para mostrarse solidario y comprensivo con los familiares y amigos de esta víctima de la barbarie terrorista, sino más bien todo lo contrario.
De ahí que se haya conocido que la intención de Pedro Sánchez y del PSOE sea la de vetar un aspecto tan capital como el que los asesinatos de ETA no prescriban nunca.
El jefe del Ejecutivo quiere congraciarse por todos los medios posibles con EH Bildu y no duda en hacer suyas sus propias reivindicaciones.
Y eso, para hacer más sangrante el despropósito, habiendo ‘aportado’ el propio PSOE algunos cuantos muertos a manos de los pistoleros y dinamiteros de ETA.
Así las cosas, Sánchez se niega resueltamente a que los crímenes contra ETA sean considerados como delitos de lesa humanidad, tal y como reclamó la Unión Europea en el mes de abril de 2022.
Tanto es así que el propio PSOE buscó en el Parlamento Europeo que no se considerase en esa categoría a los asesinatos de la banda que se hubieran cometido antes de 2004.
Y eso que la propia Eurocámara reclamó que se agotasen las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004, ya que se considera que no están sujetos a prescripción ni amnistía.
Sin embargo, en un documento remitido al Congreso de los Diputados, el PSOE insiste en que no apoyará la recomendación de Bruselas.
La formación de Pedro Sánchez llegó a presentar una enmienda para eliminar la recomendación para que se juzguen como delitos de lesa humanidad los anteriores a 2004.
El argumento esgrimido tiene miga. Justifica esa medida por sentido de la responsabilidad con las víctimas y en el principio básico como es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales que aparece en el artículo 9 de la Constitución Española.
No obstante, para desdoro de los propios socialistas, esa enmienda no fue aceptada.
El propio Parlamento Europeo elaboró sus recomendaciones a raíz de una visita, en noviembre de 2021, de cinco eurodiputados al País Vasco y a la Comunidad de Madrid, sobre 370 crímenes de ETA sin resolver en la que se concluyó que estos habrían de considerarse de lesa humanidad, incluso los anteriores a 2004 y, por tanto, imprescriptibles o no amnistiables.
