Es la imagen del bochorno, forzada aviesamente por Pedro Sánchez.
Ver a Felipe VI estrechando la mano de un fiscal general procesado resume la insólita situación vivida en la apertura del Año Judicial.
Lo que en otras circunstancias habría sido un acto estrictamente protocolario y anodino, se ha transformado este año en el epicentro de una polémica que afecta a los tres poderes del Estado.
No cabe duda de que la instantánea de este año quedará para la posteridad como uno de los momentos más peculiares, polémicos y vergonzosos, de la política institucional española.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por mantener a Álvaro García Ortiz en su puesto a pesar de su procesamiento, utilizando la presencia del Rey para proyectar una apariencia de normalidad institucional que dista mucho de la realidad judicial y política que atraviesa el país.
El Rey emérito, padre del Rey Felipe VI, no puede pisar Zarzuela pero el imputado Fiscal General del Estado si…
La próxima visita será la del delincuente huido Puigdemont? Vergüenza pic.twitter.com/DZpKzLBHZs— Santiago Fontenla (@santifontenla) September 3, 2025
A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, la apertura del Año Judicial en la sede del Tribunal Supremo ha dejado una estampa difícil de digerir incluso para los más avezados en el arte de la política nacional: Don Felipe obligado a compartir acto y saludo con un fiscal general pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados, acusado de un delito de revelación de secretos en el conocido caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz desafía al Supremo y a su propia carrera fiscal
Pese a las recomendaciones de sus propios compañeros de carrera y las peticiones de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, así como de diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), García Ortiz ha decidido asistir al acto, desoyendo las voces que reclamaban su ausencia para preservar el prestigio institucional del evento y evitar lo que muchos consideran una imagen inadmisible para el Estado de derecho.
El fiscal general, primer jefe del Ministerio Público en la historia de España procesado por un delito penal, se aferra al cargo mientras el instructor de su causa en el Tribunal Supremo, el magistrado Ángel Hurtado, ultima los trámites para la apertura de juicio oral. Las acusaciones populares solicitan hasta seis años de prisión e insisten en la necesidad de suspenderle provisionalmente de sus funciones para evitar interferencias en el proceso, ya que, de lo contrario, sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en su propio caso.
En este contexto, resulta especialmente relevante que el propio García Ortiz esté siendo investigado por la filtración de datos de una investigación por fraude fiscal y falsedad documental que afectaba a la pareja de una adversaria política del líder socialista. No solo está en entredicho su neutralidad, sino también el respeto a los derechos fundamentales de los implicados y la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de la Fiscalía.
Sánchez, el Rey y la estrategia del blanqueo institucional
La decisión de Pedro Sánchez de no relevar a su fiscal general, lejos de pasar desapercibida, ha convertido a Felipe VI en un actor involuntario de una pugna política. El presidente ha utilizado la agenda institucional del monarca para intentar blanquear la situación de su protegido, propiciando encuentros y fotos conjuntas tanto en la Zarzuela como en el Supremo, donde el Rey ha debido mantener la compostura y el protocolo, aunque, según observadores, su gesto era más serio de lo habitual.
En paralelo, el Gobierno ha tratado de desviar la atención arremetiendo contra la decisión del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha optado por no acudir al acto en señal de protesta. Desde Moncloa se ha acusado a Feijóo de «grave desconsideración al Rey» y de hacer un «plantón» a la sociedad española, mientras el propio Feijóo ha replicado que su ausencia es precisamente un gesto de lealtad al jefe del Estado y al Poder Judicial.
El plante de Feijóo a Sánchez pone el foco en la presencia de Felipe VI https://t.co/lubd3ge7SB pic.twitter.com/Uv12tfSGn6
— INFORMACION.es (@informacion_es) September 4, 2025
El Supremo, escenario de la paradoja institucional
El acto celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha sido, por tanto, un ejercicio de paradojas: el Rey presidiendo la ceremonia en presencia del fiscal general que será juzgado por los mismos magistrados ante los que hoy disertaba sobre el estado de la Justicia española. No han faltado las críticas desde todos los frentes, con asociaciones judiciales y fiscales advirtiendo del daño irreparable a la imagen institucional y recordando que sentar junto al Rey a un procesado constituye un desprecio a los principios básicos del Estado de derecho.
Para añadir más leña al fuego, la nota informativa cuya filtración ha llevado a García Ortiz a los tribunales recogía detalles de una investigación fiscal que ya había sido objeto de cobertura mediática, pero cuya difusión oficial desde la Fiscalía fue autorizada personalmente por el propio García Ortiz, según consta en la instrucción judicial.
Feijóo planta cara y la oposición marca distancias
La posición de Feijóo ha sido respaldada no solo por su partido, sino también por amplios sectores del mundo judicial, que consideran que la permanencia de García Ortiz en el cargo mientras se le juzga por un delito tan grave compromete la credibilidad del sistema. Para muchos, la foto del Rey junto a un fiscal general procesado marca un antes y un después en la relación entre las instituciones y la percepción pública de la Justicia.
