El miércoles 29 de octubre se cumple el primer aniversario de la devastadora gota fría de Valencia que dejó más de 200 personas fallecidas.
A los fallos del Gobierno central en el mismo día de las lluvias torrenciales, como que la Confederación Hidrográfica del Júcar reconoció que no envió alertas automáticas sobre el caudal del Barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:42 horas, momento en el que la crecida ya era imparable, se unió que el Ejecutivo no hiciera un despliegue militar completo hasta 48 horas después.
Un año después de la tragedia, el Gobierno central no ha tramitado el 62% de las ayudas y tiene pendiente de resolver más de 320.000 solicitudes de ayudas económicas de los afectados. El Ejecutivo central se comprometió a destinar 16.600 millones de euros para cubrir todas las ayudas que se solicitasen por los daños de la macro riada. De esa cifra, el Gobierno sólo ha movilizado 6.190 millones de euros, un 37,29 % del total previsto.
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a participar en el órgano de coordinación para la reconstrucción, formado por la propia Generalidad valenciana, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. La propuesta, destinada a establecer las bases de una comisión mixta entre administraciones, fue descalificada públicamente por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien no escatimó en calificarla como una “maniobra política”, acusando al gobierno valenciano de priorizar el titular frente a una solución efectiva.
El fondo de esta negativa va mucho más allá de una simple discrepancia. El gobierno regional valenciano había subrayado la necesidad de coordinar esfuerzos para gestionar la reconstrucción y distribuir responsabilidades y recursos. Sin embargo, desde Moncloa, la respuesta ha sido un contundente portazo institucional, acentuado por una notable falta de comunicación, incluso a nivel técnico.
Las cifras del desencuentro: dos de cada tres ayudas, rechazadas
La Generalidad valenciana ha presentado un total de 59 medidas destinadas a hacer frente a la emergencia, restaurar infraestructuras y reactivar la economía en las áreas devastadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. De ellas, sólo 20 han sido aceptadas por el Gobierno central, muchas sin apenas dotación económica directa. En otras palabras, dos de cada tres solicitudes han recibido un “no” rotundo. Entre las negativas más destacadas se encuentran:
- 175 millones de euros para reponer equipamientos educativos dañados.
- 250 millones para reparar residencias y centros de día.
- 45 millones para cubrir prestaciones por dependencia y ayudas extraordinarias a familias.
- 340 millones para infraestructuras agrarias y caminos rurales.
- 140 millones para la reparación de centros sanitarios.
- 3 millones para rehabilitar viviendas sociales.
Además, respecto a las 1.050 viviendas de la Sareb solicitadas para realojos temporales, solo 186 han sido finalmente ofrecidas a los afectados. Las inversiones en transporte, carreteras, Metrovalencia y trabajos ambientales han recaído prácticamente sobre los hombros de la Generalitat, que ya ha ejecutado un gasto estimado en 600 millones de euros, con previsiones que podrían alcanzar los 2.000 millones ante futuros episodios extremos.
Las consecuencias derivadas de este desencuentro son tanto materiales como políticas. La Generalidad denuncia que el Estado ha excluido a 28 municipios valencianos —con alrededor de 80.000 habitantes— del plan de ayudas para reconstruir infraestructuras municipales, a pesar del daño sufrido. Entre ellos se encuentran Carcaixent, Castelló, Chulilla, Barxeta y Benaguasil, solo por mencionar algunos.
El Consejo liderado por Mazón ha denunciado que ante la falta de apoyo estatal ha asumido “a pulmón” todas las obras públicas necesarias para restablecer movilidad y servicios básicos, incurriendo en casi 4.000 millones de euros adicionales en deuda. Para colmo, el Gobierno de Sánchez ha condicionado cualquier ayuda a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que resulta una trampa ya que el Ejecutivo lleva 3 años sin poder sacar adelante unas cuentas por no tener los apoyos suficientes entre sus socios parlamentarios.
Con este panorama de abandono absoluto por parte del Ejecutivo de Sánchez, el primer aniversario de la gota fría se prevé más que tenso. Y es que desde el Gobierno central no tienen reparo alguno en presentarse en Valencia en esta efeméride a sabiendas de que están denegando a los valencianos todo tipo de ayudas. Por ello, desde la Generalidad valenciana se acusa a Moncloa de “calentar” el ambiente y usar el sufrimiento de las víctimas como arma arrojadiza en su lucha política.
La vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, ha calificado de “indecentes” las declaraciones realizadas por Sánchez al acusar al Consejo de gestión negligente. Camarero recordó que en apenas cuatro meses se han movilizado más de 2.500 millones para ayudar a la reconstrucción y que ya se habían abonado el 60% de las ayudas directas; mientras tanto, el Gobierno central mantiene fuera del plan a decenas de municipios.
