En La Retaguardia de este jueves 20 de noviembre, Eurico Campano analiza con José Ramón Riera, Julián Salcedo y Milagros Marcos todas las novedades de los múltiples escándalos de corrupción que padece el Gobierno y cómo Pedro Sánchez continúa actuando como si nada ocurriera.
Tal es así que este miércoles, Sánchez en Mérida ha decidido dar su respaldo en un mitin a Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, justo en medio de la tormenta provocada por su imputación. Mientras tanto, el hermano del presidente, David Sánchez, se encuentra a la espera de juicio por presunta prevaricación y tráfico de influencias. La escena recuerda a esas novelas donde los personajes intentan mantener una sonrisa mientras las grietas van apareciendo en las paredes.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado que tanto Gallardo como el hermano de Sánchez serán juzgados por su supuesta implicación en la creación de plazas “a medida” dentro de la Diputación de Badajoz. Este asunto no es trivial: se investiga si Gallardo, durante su presidencia en la Diputación, facilitó un puesto a David Sánchez como coordinador de actividades musicales y, al mismo tiempo, colocó a un antiguo asesor de Moncloa, Luis Carrero.
El auto judicial es claro: hay indicios “suficientes” que apuntan a que se crearon puestos ad hoc y se alteraron los requisitos para beneficiar a personas cercanas a Sánchez y Gallardo. La instrucción describe cómo David Sánchez habría sido informado con antelación sobre la existencia del puesto, participando incluso en la convocatoria para “simular la legalidad formal” del proceso. La trama incluye también la contratación de un colaborador que ya trabajaba con Sánchez en el ámbito de la ópera y fue incorporado oficialmente tras el “ajuste” del puesto.
El fiscal intentó minimizar el asunto alegando que Pedro Sánchez no tenía capacidad para influir en la Diputación durante el periodo crítico, ya que había dimitido como secretario general del PSOE. Sin embargo, el tribunal recordó que fue precisamente durante esa etapa cuando se propuso crear el puesto para su hermano. Solo pasaron siete meses hasta su reelección, lo que puso en entredicho este argumento.
El apoyo explícito mostrado por Sánchez hacia Gallardo durante el mitin no ha pasado desapercibido. Para algunos es un gesto de lealtad partidista; para otros, una imprudencia política ante un ciclo electoral complicado. En el ambiente se percibe una sensación generalizada: parece que el presidente intenta proteger a su entorno frente a la presión judicial, aunque esto podría tener un alto coste en términos de imagen.
Los analistas no han escatimado bromas sobre si esta “apología del choriceo” podría convertirse en una nueva variante del socialismo nacional o si el próximo mitin incluirá un sorteo para plazas públicas entre los asistentes. Lo cierto es que la judicialización de la política —y viceversa— ha tomado protagonismo en el debate nacional, teniendo a Extremadura como epicentro de estas sacudidas.
La situación ha encendido los ánimos en toda la región. En las calles circulan comentarios irónicos sobre la “familia Sánchez” y cómo parece sencillo para algunos políticos encontrar empleo público para sus allegados. Además, los adversarios del PSOE aprovechan esta coyuntura para criticar lo que consideran una “red clientelar” y cuestionar la ética en el uso de recursos públicos. Y, por último, entre los militantes socialistas crece la inquietud por las consecuencias electorales y una creciente sensación de que el partido está arriesgando su reputación en un momento crítico.
