En La Retaguardia de este miércoles 4 de diciembre, Eurico Campano analiza con José Ramón Riera y Julián Salcedo las nuevas cesiones a Marruecos que que va a hacer hoy Pedro Sánchez en la reunión que mantiene el jueves con el primer ministro de ese país.
Si hace dos años el Gobierno español anunciaba con gran pompa el acercamiento diplomático en Rabat, esta vez la XIII Reunión de Alto Nivel se lleva a cabo a puerta cerrada, sin declaraciones públicas y con una falta de transparencia que ha suscitado inquietudes incluso dentro de la coalición gubernamental. El ambiente no podría ser más tenso: un presidente acorralado por investigaciones judiciales que salpican a su círculo más cercano, sin el apoyo de sus socios golpistas que le impide aprobar nada en el Congreso y un calendario electoral apremiante que acecha con una posible derrota socialista en los próximos comicios autonómicos. En este contexto, Sánchez enfrenta esta cumbre desde una posición de gran vulnerabilidad interna.
Todo esta situación interna unida a las sospechas de que Marruecos tiene información más que comprometedora del hakeo del teléfono móvil de Sánchez y con ella el presidente español es chantejeado por los marroquíes, hace temer una nueva avalancha de cesiones y de regalos por parte de Sanchez en esta reunión.
La serie de escándalos que rodean al Gobierno español ha hecho trizas el bloque de investidura que le permitió a Sánchez gobernar sin haber ganado las elecciones. Sus dos últimos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han terminado en prisión tras investigaciones vinculadas a gestiones en Marruecos para obtener un contrato público cercano a los 60 millones de euros. Al mismo tiempo, se mantienen abiertas las pesquisas sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, mientras el juez acorrala cada vez más la financiación en Ferraz. Esta cascada de problemas judiciales ha convertido a Sánchez en un presidente efectivamente en funciones, incapaz de sacar adelante presupuestos generales ni avanzar su agenda legislativa. En este clima de máxima debilidad, Rabat se presenta ante la cumbre fortalecido por el respaldo de la Organización de Naciones Unidas al plan marroquí sobre el Sáhara Occidental, una postura que España respaldó unilateralmente en 2022, rompiendo con décadas de respeto al marco internacional.
El Gobierno ha informado que se firmarán alrededor de diez acuerdos estratégicos sin detallar sus contenidos específicos. Según el comunicado oficial emitido desde Moncloa, los temas tratados abordarán «fuertes vínculos humanos» con Rabat, retos compartidos y la necesidad de estrechar relaciones comerciales, aunque deliberadamente evita proporcionar detalles concretos sobre los asuntos discutidos. Para hacerse una idea sobre estos temas es necesario observar quiénes son los protagonistas: por parte española estarán presentes José Manuel Albares (Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Jordi Hereu (Industria), Sara Aagesen (Transición Ecológica y Reto Demográfico), Pilar Alegría (Educación), Luis Planas (Agricultura) y Elma Saiz (Inclusión). La participación de tantos ministerios insinúa que estos acuerdos abarcan sectores estratégicos significativos.
Lo único que se conoce públicamente es que se firmarán dos memorandos específicos sobre cooperación: uno agrícola y otro pesquero, centrados en innovación, gestión del agua, apoyo al medio rural y lucha contra la pesca ilegal. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado que las exportaciones españolas del sector han duplicado su volumen desde 2020 hasta alcanzar los 1.223 millones de euros, aunque admite que la balanza comercial sigue siendo favorable a Marruecos. Este ministro, ex embajador en el reino alauí y alineado con las posiciones pro marroquíes, enfatiza la «excelente relación estratégica» que permite reforzar la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y la estabilidad regional. Sin embargo, esta retórica oficial choca con la cruda realidad: los empresarios de Ceuta y Melilla continúan lamentándose por la inestabilidad de las fronteras físicas y el cierre unilateral de aduanas por parte marroquí, un problema persistente pese al memorando firmado hace dos años.
Los datos sobre el intercambio comercial entre ambos países son realmente impactantes y constituyen el principal argumento del Gobierno para justificar esta aproximación. En 2024, el intercambio superó los 22.600 millones de euros, consolidando a España como el primer socio comercial de Marruecos desde 2012. El ministro de Transporte, Óscar Puente, afirmó recientemente que «nuestros vínculos están atravesando su mejor momento en décadas», mencionando las oportunidades para invertir en infraestructuras, energías renovables y gestión del agua. Por su parte, Aziz Akhannouchy destacó que hay más de 17.000 empresas españolas operando en suelo marroquí y casi 12.000 compañías marroquíes estableciendo relaciones comerciales con España; además existe un dinámico flujo turístico anual con cerca de 3,8 millones de visitantes españoles.
Sin embargo, estas cifras impresionantes ocultan tensiones subyacentes que el Gobierno prefiere no visibilizar. La inversión española acumulada en Marruecos asciende a 2.310 millones de euros generando más de 25.000 empleos principalmente en sectores como agroalimentario, energía e infraestructuras. No obstante, los agricultores españoles denuncian una «competencia desleal» derivada del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos; especialmente tras la anulación por parte del Tribunal de Justicia de la UE en octubre pasado sobre los acuerdos agrícolas relacionados con el Sáhara Occidental. El Gobierno español ha bloqueado una propuesta comunitaria destinada a controlar estas importaciones lo cual ha provocado críticas desde el sector agrario español acerca del «entreguismo» del Ejecutivo hacia los intereses marroquíes.
La preocupación canaria y el tema soberano
La falta de representación canaria durante esta cumbre ha desencadenado protestas inmediatas por parte de la Coalición Canaria, quien denuncia incumplimientos del pacto establecido durante la investidura de Sánchez. Las Islas son las más perjudicadas por esta relación bilateral siendo excluidas deliberadamente de negociaciones que afectan directamente su economía, seguridad alimentaria y soberanía territorial. Marruecos reclama unilateralmente zonas marítimas superpuestas a áreas cercanas al archipiélago afectando caladeros históricos para pesca. Además, Rabat aprobó unilateralmente leyes para ampliar su Zona Económica Exclusiva e incorporar aguas saharauis desde 2020; acciones contestadas internacionalmente pero ejecutadas efectivamente. Ahora busca extender su plataforma continental hasta 350 millas náuticas lo cual impactaría directamente al espacio marítimo canario.
La propuesta marroquí para establecer una Zona de Desarrollo Conjunto entre ambos países es percibida por expertos canarios como “una trampa para Canarias”. Crear dicha zona en un área geológicamente relacionada con la plataforma continental extendida del archipiélago legitima las pretensiones marroquíes sobre ese espacio marítimo. Desde el Cabildo grancanario, su consejero Carmelo Ramírez advierte no confiar «en el entreguismo» del Gobierno español hacia Marruecos en estas relaciones bilaterales tan delicadas. La variación unilateral respecto al Sáhara condiciona múltiples cuestiones: mar territorial, espacio aéreo e incluso potenciales conflictos futuros con Argelia.
