Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha confesado este miércoles que le gustaría intervenir la Comunidad de Madrid utilizando el artículo 155 de la Constitución para imponer en esta región las políticas de vivienda que roban a los propietarios de los inmuebles su derecho a decidir sobre sus casas.
Y es que Madrid, como otras autonomías gobernadas por el PP, ha rechazado aplicar la Ley de Vivienda estatal en el uso de sus competencias legalmente establecidas por encarecer aun más los precios de los alquileres y hundir todavía más la oferta de pisos para poder alquilar, como ha pasado en Cataluña según los múltiples informes de Idealista.
En una entrevista con la sanchista Silvia Intxaurrondo en TVE, Rodríguez reconoció que si tuviera mayoría absoluta en el Senado, ya habría actuado. Este escenario no es nuevo; el pasado octubre ya acusó a Isabel Díaz Ayuso de ser la responsable del acceso limitado a vivienda para el ciudadano medio madrileño.
Estas acusaciones revelan el nerviosismo del Gobierno tras la negativa de las autonomías del PP a aplicar leyes ideológicas en contra de los propietarios de vivienda, que se oponen a declarar zonas con precios tensados y a regular tarifas. Aunque la ley de Vivienda permite estas acciones, no las impone ya que la decisión es competencia autonómica.
La Ley de Vivienda impulsada por Sánchez hace algunos años otorga a comunidades y ayuntamientos la capacidad de identificar mercados tensionados y establecer límites a los alquileres. Sin embargo, bajo el liderazgo de Ayuso, Madrid ha optado por incentivos fiscales y aumentar la oferta, rechazando controles sobre precios. Estas regulaciones alejan a los inversores y agravan la falta de vivienda.
El uso del artículo 155, que permite suspender las funciones de una autonomia ha sido aplicado únicamente en Cataluña durante 2017 contra Puigdemont por el golpe de Estado que intentó dar declarando ilegalmente la independencia tras convocar un referendum también ilegal. El procedimiento para activar esta suspensión se inicia tras un requerimiento previo al presidente autonómico y aprobación por parte del Senado.
Menos oferta y precios más caros por la intervención
El precio del alquiler en Barcelona capital y su provincia ha seguido marcando máximos históricos a pesar de la regulación de zonas tensionadas, con incrementos interanuales superiores al 8-9% durante 2025, situando el alquiler por metro cuadrado cerca de los 21 € el metro cuadrado. Además, la oferta de vivienda ha caído drásticamente, impulsando la presión sobre los precios en toda Cataluña.
Además, según el Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda de la Generalidad de Cataluña, cuyos datos se basan en las fianzas de Incasol, en toda la región se firmaron 26.416 nuevos contratos de alquiler entre abril y junio. Esto supone un 9,8% menos que un año antes y un 13,1% menos que en los últimos tres meses de 2023, justo el último trimestre completo antes de que entrara en vigor el tope de las rentas en los primeros 140 municipios catalanes a mediados de marzo de 2024.
