El Gobierno vasco, dirigido por PSE y PNV, ha aprobado un régimen de semilibertad para Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki, uno de los más notorios líderes de ETA.
Este etarra, que enfrenta una condena total de 377 años por atentados que dejaron un rastro de dolor y muerte, podrá salir de la prisión de Martutene en San Sebastián durante la semana.
Regresará solo por las noches a dormir y pasará los fines de semana interno en el centro penitenciario.
Esta decisión se basa en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una medida que no se considera un tercer grado, sino más bien un paso hacia la reinserción cuando la pena está muy avanzada.
Para justificar sus salidas, Txeroki deberá presentar un plan con horarios de trabajo o actividades de voluntariado.
La propuesta provino de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional elaborará un informe que no será vinculante, dejando en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria la decisión final.
Desde el Departamento vasco de Justicia, aseguran que no se trata de un tercer grado formal; sin embargo, las asociaciones de víctimas consideran que esto es un fraude sistemático. Covite, bajo la presidencia de Consuelo Ordóñez, ha denunciado esta situación como una «amnistía encubierta» que resulta incompatible con la justicia para quienes han sufrido a causa del terrorismo. Además, critican la falta de transparencia del Gobierno vasco al negarse a revelar el número exacto de beneficiarios.
Desde que en 2022 Pedro Sánchez traspasara las competencias penitenciarias al País Vasco, tanto el PSE como el PNV han aplicado este artículo a alrededor de unos 30 terroristas etarras.
Según datos proporcionados por el propio Gobierno vasco, hay actualmente 18 etarras disfrutando estos beneficios, lo que les permite realizar salidas diarias sin haber cumplido las tres cuartas partes de sus penas. El PP, por su parte, no ha permanecido en silencio.
La vicesecretaria del partido, Cuca Gamarra, califica esta situación como la «amnistía más inmoral» impulsada por Sánchez, resultado de un «pacto encapuchado» con Bildu para mantener su posición en La Moncloa. Javier de Andrés, líder del PP vasco, señala que el sistema penitenciario autonómico «amnistía por los hechos» a los presos pertenecientes a ETA.
Antecedentes de un terrorista implacable
Capturado en Francia en 2008 y extraditado a España, Txeroki cuenta con múltiples condenas por delitos graves: 20 intentos de asesinato y su implicación en el trágico atentado contra la T4 del aeropuerto de Barajas en 2006, que cobró dos vidas y puso fin a las negociaciones entre ETA y el Gobierno dirigido por Zapatero. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan a la cárcel donostiarra. En su historial no aparece ni arrepentimiento ni colaboración con las autoridades judiciales, algo que desde la asociación Dignidad y Justicia, liderada por Daniel Portero, consideran como un «coladero». Además, subrayan que persisten aún 376 asesinatos atribuidos a ETA sin resolver, muchos podrían ser esclarecidos si etarras como él decidieran hablar.
La presidenta de la AVT, Maite Araluce, califica esta decisión como un «varapalo» al Estado democrático. Desde su punto de vista han contabilizado ya hasta ahora unas 113 progresiones hacia etarras desde que se traspasaron competencias al País Vasco. El artículo 100.2 fue concebido como una excepción para combinar grados con programas específicos; sin embargo, se aplica rutinariamente a terroristas en segundo grado. Esto permite salidas diarias sin una progresión formal real; así lo ven las víctimas, quienes lo denominan «tercer grado encubierto».
Reacciones y posibles consecuencias
La controversia reaviva el debate sobre la llamada «política de acercamiento» y el deseo histórico del entorno abertzale por «vaciar cárceles». Ante esta situación, desde Covite se insta a la Fiscalía a intervenir para detener esta tendencia preocupante. Si finalmente se confirma esta medida, sería alarmante ver cómo Txeroki pasea por las calles laborales entre semana sin haber cumplido requisitos básicos como desvincularse completamente de ETA. El mensaje del PP es claro: advierten que Sánchez será recordado como el presidente que más favoreció a los terroristas mediante acuerdos con Bildu para asegurar su continuidad política.
Víctimas como Consuelo Ordóñez expresan su descontento ante el silencio cómplice mostrado por otros partidos y asociaciones; solo desde Covite se alza una voz firme en protesta. La falta total de transparencia incrementa aún más el sufrimiento: el Gobierno vasco rehúsa proporcionar nombres o cifras completas sobre los beneficiarios del artículo 100.2 o del artículo 117.
Para ilustrar mejor esta situación crítica, aquí se presenta una tabla con detalles clave sobre los beneficios otorgados:
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Número de etarras beneficiados | Alrededor de 30 desde 2022; actualmente hay 18 activos |
| Régimen diario | Salidas lunes-viernes; regreso solo para dormir; fines de semana interno |
| Requisitos | Planificación laboral/voluntariado; condena muy avanzada |
| Control judicial | Informe Fiscalía (no vinculante); decisión final Juzgado Vigilancia Penitenciaria |
No cabe duda: el caso de Txeroki no es único ni aislado. En 2015 fue sentenciado por 20 intentos fallidos de asesinato. Curiosamente, antes se había formado en ingeniería antes de integrarse en ETA cuando apenas contaba con 18 años. Hoy cuenta con 46 años y sale a “reinserirse” sin mostrar ningún remordimiento público hasta ahora. Y queda pendiente: varios procesos judiciales aún le esperan.
Desde Dignidad y Justicia comentan irónicamente que si realmente colaborara podría resolver numerosos casos sin necesidad siquiera salir fuera del penal. Sin embargo, este etarra ha optado por guardar silencio mientras Sánchez sigue haciendo pactos tras bambalinas.
