Caos y desconcierto

Sánchez y su incompetente Gobierno siguen paralizados tres semanas después de la ‘invasión’ de Ceuta

El Gobierno Frankenstein aún no ha solicitado ayuda integral a Bruselas, mientras los ceutíes navegan entre la saturación, el miedo y una política improvisada

Sánchez y su incompetente Gobierno siguen paralizados tres semanas después de la 'invasión' de Ceuta
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno PD

La ciudad de Ceuta ha aprendido en este corto lapso de veinte días que una frontera representa más que un simple límite físico; es una línea delicada entre la normalidad y el descontrol.

Desde aquel asalto masivo a finales de julio, el discurso oficial sobre el control contrasta con la realidad de una ciudad desbordada y unos habitantes que, como señala El Debate en su crónica sobre los 20 días tras el asalto a Ceuta, 20 días tras el asalto a Ceuta: el Gobierno sigue sin controlar un caos que tiene atemorizados a los vecinos, han pasado del apoyo a las fuerzas de seguridad a experimentar un miedo que se siente en cada rincón del barrio.

Mientras tanto, en La Moncloa, se trabaja en un guion que asegura “situación bajo control”, junto a reuniones telemáticas y futuras comparecencias en el Congreso.

Sin embargo, gran parte de la opinión pública y los propios ceutíes perciben un Gobierno que actúa con lentitud, reaccionando más que actuando y, sobre todo, incapaz de transformar esta emergencia en una estrategia definida. Esta crisis migratoria en Ceuta se ha convertido en una prueba acelerada de la capacidad de gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como de la solidez de la política migratoria tanto española como europea.

Veinte días que cambiaron Ceuta

Entre el 30 de julio y los días posteriores, alrededor de 60.000 a 72.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en un corto periodo, muchas por vía marítima y otras por los puntos de control fronterizo. Se ha tratado de uno de los episodios migratorios más severos en la historia reciente de España y de la Unión Europea. Las cifras son alarmantes: decenas de muertos en el mar —más de 80, según diferentes fuentes— y miles de menores involucrados. Para una población de alrededor de 83.000 habitantes, la presión resultó insostenible.

El colapso inicial propició la suspensión de las fiestas patronales, el cierre de comercios y recomendaciones para que los ceutíes permanecieran en sus hogares. Muchos lo hicieron por pura precaución, pues los relatos de peleas, robos y episodios de violencia sexual, junto a un sistema sanitario colapsado y la sensación de falta de un liderazgo claro, convirtieron el miedo en una constante. Aunque muchos de los que ingresaron han regresado a Marruecos o han sido repatriados, estimaciones locales sugieren que todavía hay entre 8.000 y 15.000 personas sin regularizar, lo que genera tensión diaria en los barrios.

La imagen política que se proyecta es igualmente clara. Mientras el Gobierno sostiene que el aumento de efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y unidades del Ejército es prueba de diligencia, en Ceuta se siente que estos refuerzos llegaron de manera tardía y con instrucciones poco claras. La decisión de no declarar formalmente una “emergencia nacional”, reclamación de las autoridades ceutíes, se ha convertido en una de las principales fricciones entre el Gobierno central y la ciudad autónoma.

La parálisis de Madrid y el espejo de Bruselas

En el ámbito político, la crisis ha servido como un campo de pruebas, o de demolición, para la coordinación entre Madrid y Bruselas. La Comisión Europea ha manifestado en varias ocasiones su disposición a movilizar más recursos financieros y operativos para Ceuta, incluida la agencia Frontex, siempre que España presente una solicitud formal. Pasados veinte días desde el asalto, dicha solicitud aún no se ha presentado, a pesar de que desde el Gobierno se han emitido varios mensajes sugiriendo lo contrario, los cuales han sido desmentidos casi de inmediato por representantes comunitarios.

En este juego se vislumbra una cierta comedia de enredo europeo: en Madrid se insinúa que ya se ha solicitado ayuda, mientras que en Bruselas se aclara que únicamente hay “contactos informales” y que no se podrá activar ninguna acción concreta hasta recibir una comunicación oficial. Esto pone de manifiesto dos déficits. De un lado, una diplomacia española indecisa sobre si desea elevar el caso de Ceuta al ámbito europeo, teniendo en cuenta lo que eso implicaría para las relaciones con Marruecos. Del otro, una Unión Europea que espera que cada estado miembro cumpla con sus deberes antes de mover un solo euro.

El Partido Popular ha capitalizado esta ambigüedad para acusar al Gobierno de “incompetencia” y de abandono de Ceuta, en un contexto de mezcla entre cálculo político y temor a incomodar a Rabat. Simultáneamente, en el Congreso se ha abierto una propuesta para reformar urgentemente la Ley de Extranjería, buscando corregir la grieta legal que permite rechazar el acceso por vía terrestre, pero que complica dicha opción en los accesos marítimos. Es una de las pocas áreas donde resulta visible una convergencia entre Gobierno y PP, aunque con ritmos y enfoques diferenciados.

La gestión de Sánchez: crisis, relato y desgaste

El Gobierno ha tratado de construir un relato de éxito relativo, resaltando el control de la frontera en 48 horas, la devolución “prácticamente” de todos los que ingresaron de forma irregular y la defensa de la “integridad territorial” frente a lo que se califica como una “violación” de la soberanía española. Sin embargo, los datos y las imágenes que emergen desde Ceuta contradicen la idea de una victoria tan rápida. La ciudad continúa copando las portadas por problemas de convivencia, el colapso de servicios sociales y sanitarios, así como lo que muchos caracterizan como una “emergencia crónica”.

A nivel nacional, la presión se incrementa ahora por la falta —hasta el momento— de una comparecencia inmediata de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar la gestión de la crisis. Las encuestas indican que gran parte de la ciudadanía considera que el presidente debería haber interrumpido sus vacaciones y dado la cara en la sede parlamentaria, en lugar de delegar las explicaciones en ministros que acudirán en serie a finales de agosto. Se ha forjado así la imagen de un Ejecutivo que reacciona más presionado por la presión mediática que por una convicción estratégica.

En el horizonte, persiste una pregunta incómoda: ¿es esta crisis un accidente extremo en una frontera frágil o revela algo más profundo? La combinación de vacíos legales, la dependencia de la cooperación marroquí y la falta de un mecanismo europeo sólido de solidaridad hace pensar más en lo segundo que en lo primero. En el ámbito político, los síntomas no atendidos suelen transformarse en diagnósticos permanentes.

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Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

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