La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es responsable de un gran número de procesos judiciales a lo largo del año.
Al realizarlos, es blanco fácil de numerosas críticas, sobre todo provenientes de los sectores inmobiliario, hostelero y urbanístico, ya que son los más afectados por sus políticas.
Y es que según Colau, el sector inmobiliario está «arruinando la vida de muchas personas». Lleva a cabo cualquier política que ponga en desventaja al sector, como puede ser multas contra el fondo inmobiliario Vauras o contra el portal Idealista. Dicho sector no se queda de brazos cruzados frente a esta situación. En concreto, busca cualquier anulación de algunos planes llevados a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona.
Ada Colau
Un ejemplo de esto fue cuando la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña presentaron un recurso contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o TSJC en contra de la modificación del Plan General Metropolitano. Dicha reforma tenía como finalidad «garantizar la conservación del patrimonio» del barrio de Gracia. Este plan fue aprobado a principios de año.
Ese recurso anteriormente mencionado hace referencia a los edificios de viviendas y grandes rehabilitaciones, que tendrán que destinar al menos un 30% del techo edificable a vivienda social. Las entidades que presentaron ese recurso no logran entender por qué la diferencia con el límite que se fijó para el resto de la ciudad, que, según El debate, está en 600 metros cuadrados.
Además, según el sector, el Ayuntamiento no justificó en ningún momento el porqué de esa diferencia. A su vez, echan en cara que el «estudio económico del consistorio no aclara la visibilidad real de la nueva norma, a la vez que tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas públicas». El sector asegura que está cayendo mucha carga sobre él y que se limita exageradamente el derecho a la propiedad.
Otro ejemplo más reciente de la exigencia de Colau frente al sector hace referencia al Portal Inmobiliario Idealista. El Ayuntamiento impuso una denuncia a Idealista por anunciar un piso con un precio que excedía del precio superior al límite máximo permitido según la ley catalana de vivienda. Sin embargo, el juez aseguró que esa multa no debía llevarse a cabo porque no «merece la consideración de agente inmobiliario». Además, alegaba que la actuación del Ayuntamiento era «extensiva y forzada».
Otro ejemplo de derrota de la alcaldesa fue el caso del fondo de inversión Vauras. Colau estaba pendiente de que un juzgado la cite con el fin de declarar como investigada por presuntas coacciones y prevaricación administrativa. Todo esto se dio después de que la Audiencia de Barcelona anulara la decisión del juzgado de instrucción número 38 de Barcelona de suspender una queja presentada por el fondo Vauras Investment.
Colau a favor de la okupación
Otras situaciones que ponen a la okupación en una situación próspera frente al Ayuntamiento de Barcelona es la creación de subvenciones a entidades como el Conservatorio DESC, que busca promover la okupación mediante el reparto de manuales.
También hay otros miembros del cuerpo que están se encuentran siendo investigados en relación a este tema. Más concretamente, el concejal de Medio Ambiente, Eloy Badia. El concejal se vio envuelto en una polémica en la que se encontró involucrada la antigua comisaría de la Policía Nacional en la plaza Lesseps de Barcelona. Dicho local fue okupado durante un tiempo y, posteriormente, el Consistorio cedió la gestión a la Asociación Joves de Gracia que puso en marcha el Casal dels Tres Lliris.
Después de esto, Badia fue acusado de malversación por haber permitido esto sin haber convocado un concurso público, según El debate. Badia deberá declarar en el próximo mes de septiembre.
Otra concejal, Janet Sanz, que es teniente de Alcaldía de Ecología Urbana y Urbanismo, se encuentra siendo investigada por los delitos de prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. Todo esto nace del caso de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, cuya titulación fue anulada por el Ayuntamiento para que se construyera allí un hotel de lujo.
Oficina para la okupación
Además, por si no fuera suficiente, Barcelona está haciendo uso de una oficina para la okupación, que se encarga de resolver dudas frente al asesoramiento en cuestiones técnicas y legales en referencia a la okupación. Según lo anunciado en la página web, «está dirigida a orientar a quien ya está okupando –de forma anónima o reivindicada–, y a quien quiere iniciarse en la okupación. Sirve también como punto de encuentro de aquellas personas interesadas en formar un grupo para llevar adelante la acción de okupar».
