Nueva querella contra el socialista Emiliano García Page. En esta ocasión han sido los agricultores ecológicos los que se han querellado contra él por un supuesto desvío de fondos, denunciando en los Tribunales de Justicia que la publicación de unas ayudas en el DOCM sin ser antes aprobadas en el Consejo de Gobierno.
Llueve sobre mojado. Page pretendía ocultar el caso más grave de corrupción de toda España -superando a los ERES de Andalucía- tal y como hemos publicado en Periodista Digital, al conocerse que un total de 3.000 agricultores han denunciado la presunta malversación de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales, por un fraude con los Fondos Europeos para la gestión de las masas de agua subterránea del Alto Guadiana.
Sin embargo, no sólo no ha conseguido parar ese enorme escándalo sino que ahora ha sido la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha quien ha presentado una querella en la Audiencia Nacional (AN) contra el presidente de la región, Emiliano García-Page, porque las ayudas a la agricultura ecológica se han publicado sin que las aprobara el Consejo de Gobierno, acusando igualmente de un posible desvío y malversación de fondos europeos de 500 millones de euros.
La Plataforma ha recurrido también a la propia Fiscalía Anticorrupción, porque entiende que al haber publicado las ayudas a la agricultura ecológica sin la aprobación del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, García-Page «ha podido cometer un delito de prevaricación y ha quebrantado el principio constitucional de seguridad jurídica”. Esto implicaría la nulidad de las actuaciones realizadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
La plataforma ha explicado que el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, comunicó el 27 de marzo en su cuenta de Twitter que se habían publicado las ayudas agroambientales ese día en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), y también en esa fecha el Gobierno regional anunció tanto la publicación de las ayudas como la posibilidad de empezar a solicitarlas.
Sin embargo, nueve días más tarde, el 4 de abril, Martínez Arroyo dio a conocer que el Consejo de Gobierno había aprobado las ayudas agroambientales, incluida la ayuda a la agricultura ecológica, lo que supone que se habían publicado en el DOCM sin la aprobación del órgano de gobierno de la comunidad, según la plataforma, que ha criticado la «falta de responsabilidad» del Ejecutivo autonómico, además que de pueda constituir un delito de prevaricación.
Por otra parte, la plataforma ha dudado de la legalidad de que el Gobierno regional haya destinado más de 650 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR), que es el segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC), para dárselo a la empresa pública Gestión Ambiental Castilla-La Mancha (Geacam) sin haber sacado una convocatoria pública para que accedan otras empresas.
El colectivo ha apuntado que la Comisión Europea «no permite subvencionar la extinción de incendios con dinero del PDR» y entiende que si se está haciendo «podría suponer desvío y malversación de fondos europeos por una cantidad que podría llegar a los 500 millones de euros».
